Decreto de la Junta de Andalucía 02/2020 aprobado por el Gobierno regional de Juan Manuel Moreno Bonilla en pleno Estado de Alarma que elimina 21 leyes autonómicas y 6 decretos será estudiado por el Tribunal Constitucional ya que 50 senadores del PSOE, entre ellos los 24 procedentes de Andalucía, han presentado recurso ante el alto tribunal.
Micaela Navarro, presidenta del PSOE de Andalucía y senadora por Jaén anunció este lunes que 50 senadores de su grupo parlamentario en la cámara alta presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre el decreto aprobado por el gobierno andaluz que elimina 21 leyes y 6 decretos. Los socialistas critican el fondo de la ley pero también las formas ya que el Gobierno popular de Moreno Bonilla lo ha llevado adelante en pleno Estado de Alarma y sin pasar por el preceptivo debate parlamentario en el parlamento de Andalucía.
Los senadores socialistas anuncian el recurso ante el Tribunal Constitucional, apoyados por Micaela Navarro, Francisco Javier Aragón, portavoz adjunto de los socialistas de la Cámara Alta y senador por Granada y Manuel Jiménez, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz.
Micaela Navarro, dejó claro que para ellos"se trata de un decreto que ha suscitado el rechazo unánime de multitud de organismos y sectores económicos de diferente ámbito; desde ONGs Internacionales, incluidas las principales entidades ecologista, asociaciones y administraciones, con denuncias en diferentes instancias, como por ejemplo, el Defensor del Pueblo".
Francisco Javier Aragón, ha defendido la transparencia de su partido frente al Partido Popular de Andalucía, al que advirtieron de las consecuencias que esta situación podía acarrear si en su decisión no había diálogo entre ambos. Además, se ha dirigido al gobierno andaluz, recordándoles que siempre han actuado de cara con este decreto, por ello, les ha hecho llegar que los derechos de Andalucía también se pueden gestionar desde Madrid y por lo tanto, van a recurrir ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que el gobierno andaluz se siente a negociar el decreto con todos los grupos políticos, sin exclusiones, y que la sociedad andaluza pueda participar en dicho proceso de diálogo y puesta en valor.