Este jueves, el partido de Santiago Abascal ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados pidiendo la destitución del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska al acusarle, sin datos, de una “grave injerencia del poder Ejecutivo en la actuación del Poder Judicial” al cesar al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Vox alega, sin pueba alguna, que esta destitución se debe a que un equipo de la Guardia Civil, obedeciendo instrucciones de la jueza del Juzgado Número 51 de Madrid, no comunicó a sus superiores el contenido de las pesquisas e informes entregados al Juzgado. Por su parte, el ministro Marlaska ha dejado claro que el cese del coronel, así como otros dos relevos de los números dos y tres de la Benemérita, se deben a la remodelación que estaba en marcha en su equipo desde hace semanas.
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Tanto Vox como el PP no han perdido la ocasión de pedir una nueva dimisión de un miembro del equipo de Pedro Sánchez. Ya es tónica general. Cualquier excusa, por peregrina que sea les sirve. Lo intentaron con la vicepresidenta Carmen Calvo, después con el ministro de Transportes, Jose Luis Ábalos, posteriormente le tocó el turno a Pedro Duque, también a Pablo Iglesias, le pidieron la dimisión por ir al mercado sin mascarilla, y ahora le toca el turno a Fernando Grande Marlaska. Nada menos que ha osado hacer una renovación en la cúpula de su ministerio, como hicieran en su día los ministros de Rajoy, Fernández Díaz, y posteriormente Jose Ignacio Zoilo.
Lo que para ellos es norma, -según ha comentado Marlaska- para los socialistas es una anomalía democrática o una injerencia. "El informe de la Guardia Civil, solicitado por la jueza, está donde debe de estar, en el Juzgado", por tanto dónde está la intromisión, se ha preguntado retóricamente Marlaska a la hora de contestar a las acusaciones de Vox y el PP en el Congreso de los Diputados.
Vox, no está dispuesto a soltar el hueso y alega en su escrito que el ministro de Interior acomete una “gravísima intromisión del poder Ejecutivo en la actuación del Poder Pudicial, al cesar al coronel Pérez de los Cobos cuando una parte de su equipo estaba actuando como policía judicial”.
Los agentes de Guardia Civil realizaron un informe a petición de la Jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga una denuncia contra el Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Jose Manuel Franco a causa de si, actuó o no correctamente, al no prohibir la manifestacion del 8M. Manifestación por cierto que se llevó a cabo en todas las ciudades españolas, y del resto de las mismas, ningún juez ha admitido a trámite la denuncia tan peregrina y sin fundamento cientítico alguno, basada en recortes de periódicos de la extrema derecha. Incluso, no se sostiene este alegato cuando ese mismo día, 8 de marzo, el partido de Abascal se reunía en un mitin multitudinario en el Palacio de Vistalegre. Días más tarde se supo del contagio de Ortega Smith, que había viajado a Italia una semana antes, a pesar de los consejos que la ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades) en las que se recomendaba no viajar si el motivo no era imprescindible. Pero según las alegaciones de Vox, Smith no se contagiaría en Italia, -cuyos tiempor de incubación, seis días antes, coinciden con los tiempos del brote, entre una y dos semanas, ni sería responsable esparcir el virus entre los abrazos y besos en su mitin de Vistalegre, sino que todo viene, según los dirigentes de la extrema derecha de la manifestación del 8M.
Por otra parte, a pesar de que los procedimientos judiciales se encuentran en pausa en la actualidad y hasta el día 1 de junio, la magistrada y jueza, Carmen Rodriguez-Medel, decidió llevar a diligencias previsas por denuncia del abogado Victor Villadares Pérez y contraviniendo lo dispuesto en las leyes procesales, pidió un informe a la Guardia Civil en vez de a la Policía Nacional.
Este informe, con el que la magistrada de Tres Cantos se maneja para investigar la actuación del Gobierno e imputar al Delegado del Gobierno por la celebración de las sucesivas manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora a lo largo y ancho del territorio español, pese a que su mirada se centra en la de Madrid por ser esta la más concurrida.
El escrito se base, e incluye una serie de alegatos que se han probado erróneos y que ya algunos medios de comunicación tildan de “manipulación de la Guardia Civil”. Una de ellas, la más sonada, fue la afirmación que hacen los agentes al atestiguar que la OMS declaró el brote de COVID-19 como pandemia el día 30 de enero de 2020, lo cual es rigurosamente falso y fácilmente desmontable, ya que no fue hasta el día 11 de marzo cuando la OMS dictaminara la pandemia. Justo el día que el Presidente Sánchez anunció el confinamiento y que tras un Consejo de Ministros de emergencia, se decretaria la Ley del Estado de Alarma.
Otro de los “datos” aportados a la magistrada fue la afirmación que supuestamente realizara la OMS respecto a las indicaciones que se debieran tomar a partir de ese día por parte de los 196 países que forman la Unión de Naciones. Entre estas medidas cita que se “aconseja el uso de mascarillas para la población en general”, patraña que desmiente el propio informe de la OMS el 29 de enero de 2020 en el que se aconseja el uso de tapabocas únicamente a personas que presenten sintomatología similar a la relacionada con la Covid.
No será hasta el 24 de frebrero cuando la Organización Mundial de la Salud presente una serie de objetivos para que cada país implemente una estrategia en la lucha contra la Covid-19 entre los que se incluye la prevención en los eventos masivos.
Las indagaciones de la Guardia Civil presentan, además de escaso o nulo fundamento, claros errores en el sumario y claros vacíos de información. Ya que las alegaciones que los agentes han conseguido reunir para apoyar la acusación se basan en recortes del periódico online OKDiario. Es evidente el tinte ideológico que presenta el diario del ultra Eduardo Inda, mercenario de la información y adelid del bulo. Desde que comenzó la pandemia, tanto Vox como el PP, se han dedicado a obstaculizar cualquier disposición o iniciativa del Gobierno y a echar las responsabilidades de los muertos sobre las espaldas del Gobierno. En ningún caso han asumido responsabilidad istitucional y se han unido en la lucha contra el virus, como hacen las oposicones del resto de países de Europa.