El paro aumentó durante abril en 282.291 personas, lo que supone la mayor subida de la historia durante este mes. En total, 3.831.203 personas se encuentran en situación de desempleo. Además, estas cifras no tienen en cuenta a los cuatro millones de personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Desde la Unión General de Trabajadores (UGT), demandan que se continúe con las medidas de protección al empleo y el desempleo mientras dure la situación de crisis. En concreto, defiende la ampliación en el tiempo del procedimiento de los ERTE en los sectores productivos y empresas donde sea necesario, así como la necesidad de aprobar un ingreso mínimo vital de emergencia, considerando que hay un millón de hogares con todos los miembros en paro.

Además, para UGT es imprescindible continuar aplicando medidas económicas y laborales que protejan a las personas que han perdido el empleo, no pueden acceder a uno o se han visto afectados por una reducción de ingresos.

Por último, el sindicado considera que el diálogo social debe avanzar en el diseño de un plan de reconstrucción para el impulso económico y social, considerando la recuperación como "una oportunidad para cambiar nuestro modelo productivo y de bienestar social, tomando como marco el pilar europeo de derechos sociales y los objetivos de desarrollo sostenibles."

Por su parte, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), instan al Gobierno a que suspenda "de manera rápida y eficaz" las obligaciones de pago de impuestos como el IVA, IRPF o cotizaciones a la Seguridad Social en aquellos sectores y empresas más golpeadas por el descenso de la actividad, alegando que dicha suspensión fiscal ha sidop adoptada por 22 países europeos y 15 Comunidades Autónomas.

Dicha demanda se sostiene en dos argumentos, uno técnico y otro económico:

Por un lado, no está siendo posible disponer de la información contable y fiscal del gran espectro empresarial para poder cumplir con los deberes tributarios. Por ejemplo, el 80% de las pymes realizan sus declaraciones a través de profesionales externos que están emplazados en locales diferentes a la empresa, y en un 50% el tratamiento de facturas se realiza en papel, sin olvidar que el pago en ventanilla física de entidades financieras es aún muy frecuente.

Por el otro, evidencian que muchas empresas y sus trabajadores están atravesando una situación angustiosa tras semanas de pocos o nulos ingresos y, sin embargo, soportando puntualmente el pago de los tributos y seguros correspondientes. Por ello, también piden que se amplíen con carácter inmediato, de los 20.000 millones iniciales a los 50.000 millones de euros, las líneas de avales aprobadas por el Gobierno, para destinar este nuevo tramo especialmente para pymes y autónomos.

Por último, también insisten en flexibilizar los procesos de regulación temporal de empleo (ERTEs) y se ponen a disposición del Gobierno para trabajar en la preparación de una salida progresiva de la crisis para todos los sectores económicos.