La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido la encargada de anunciar el inicio de la ronda de contactos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el resto de formaciones del tablero político nacional para comenzar a "trabajar en el gran acuerdo para la reconstrucción social y económica de España". El primer dirigente con el que departirá el líder socialista será el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el próximo jueves.
Tras el Consejo de Ministros de este martes, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han comparecido en rueda de prensa telemática desde el Palacio de La Moncloa para anunciar las medidas acordadas y avanzar el inicio de la ronda de contactos que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene previsto mantener a partir del próximo jueves con todas las formaciones políticas "para avanzar hacia este gran pacto que permita sentar las bases de la España del día después tras vencer esta pandemia global".
La entrevistas bilaterales con los líderes de la Oposición darán comienzo este mismo jueves con el presidente del PP, Pablo Casado, y continuará con el resto de partidos de mayor a menor: "Tenemos que empezar hoy a construir ya la prosperidad de mañana", subrayó Montero, quien señala que la intención del Gobierno es "abrir un espacio de diálogo con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de nuestro país: partidos, agentes sociales, patronal, sindicatos, CCAA , Ayuntamientos o vertebración de la sociedad civil" y, por eso, "todo el que quiere aportar una iniciativa, una idea va a tener la oportunidad de hacerlo".
"Esperemos que este ofrecimiento sincero sea correspondido con la altura de miras y la generosidad que necesita el país justo en este momento"
La ministra de Hacienda ha anunciado además que el Consejo de Ministros ha aprobado "ampliar los plazos de presentación y pago de las declaraciones tributarias para PYMES y autónomos", de tal forma que todos los contribuyentes que tengan facturación hasta 600.000 euros tendrán de plazo hasta el 20 de mayo para presentar y pagar todas las declaraciones correspondientes a este mes. Esta medida beneficia a unos "3,4 millones de personas", lo que representa un 95% del total de empresas y autónomos que tienen que presentar su declaración tributaria en abril. "Tendrá un impacto de 3.558 millones de euros en la liquidez de estos colectivos", apunta.
También se ha aprobado un acuerdo para modificar los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para desarrollar "una línea de avales que facilite el pago de los alquileres" a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. "El importe de estos préstamos podría llegar a 1.200 millones y beneficiar a 450.000 familias", explicó la ministra.
Por último, Montero avanzó que el Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Consejo de Estado "un dictamen para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos del decreto ley de Andalucía de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva", por considerar que "vulnera competencias estatales". La portavoz aprovechó su comparecencia para dar las gracias a la sociedad "por su ejemplaridad, solidaridad y civismo" durante este confinamiento y reiteró que es "absolutamente imprescindible que nos quedemos en casa, que extrememos las medidas de distancia social y las prácticas de higiene".
Illa confirma que "estamos doblando la curva"
Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló que, a vista de los datos, y tras un mes de confinamiento, "podemos confirmar que estamos doblando la curva" y que las medidas son duras, pero "están dando resultados".
"Seguimos en estado de confinamiento, uno de los más estrictos y exigentes de la UE"
Illa ha avanzado también que hoy se ha publicado una nueva orden ministerial, en el marco del decreto de alarma, que tiene como objetivo fundamental "asegurar que las pruebas de diagnóstico se realizan siguiendo criterios de equidad y cohesión y se realizan en una única red que dirige las autoridades sanitarias de las CCAA".
Esta orden pone a disposición de "la máxima autoridad sanitaria de cada comunidad todos los establecimientos de titularidad privada que puedan hacer diagnósticos clínicos y que tendrán que realizar su labor conforme a las indicaciones que les den las autoridades de las CCAA". Además, se establece la obligación de notificar "todos los casos positivos" y se limita la realización de pruebas diagnósticas a los casos "con prescripción de un facultativo".