Desde hace algo más de un mes los centros escolares permanecen cerrados bajo la incertidumbre de muchas familias y profesores sobre como se desarrollará este curso. Los docentes todavía no han recibido directrices sobre como evaluar a los alumnos y todavía no se sabe si España optará por el aprobado general como en otros países.

Organizaciones educativas y numerosos expertos están solicitando que los colegios se abran en verano si las condiciones por la pandemia lo permiten para que alumnos que necesiten refuerzo, actividades deportivas y un menú diario.

"Muchas familias no tienen los dispositivos digitales necesarios ni las habilidades o el nivel cultural para acompañar a sus hijos en un aprendizaje autónomo; nos estamos jugando que muchos chavales se descuelguen del sistema”, explica Álvaro Ferrer, investigador de la ONG Save the Children, en la carta. La impulsora de la carta remitida a la ministra de Educación es Isabel Celaá. Además ha sido firmada por los consejeros autonómicos, y por 12 organizaciones educativas y por más de 30 expertos ligados a la Universidad y ex altos cargos en Educación (de PSOE y PP) entre otros.

La solicitud pretende que los dirigentes políticos, que se reúnirán este miércoles para decidir cómo cerrar el curso ante la pandemia del coronavirus, aprueben medidas que frenen la brecha entre los alumnos más aventajados y los más desfavorecidos. “Somos conscientes del problema de climatización de los centros en verano y por eso no especificamos cómo debe aplicarse la medida; se tendrán que estudiar distintos escenarios tanto dentro como fuera de las aulas en función de los picos de temperatura”, explica Ferrer.

Desde que se decretó el estado de alarma, 8,2 millones de estudiantes de enseñanzas no universitarias siguen el curso desde casa. Al 10% de hogares de estudiantes que no tienen internet se suma la situación de estrés que viven las familias por la pérdida de empleos y el confinamiento en sus casas. “No se trata solo de dar apoyo curricular, sino psicológico y de conciliación para las familias, que están viviendo situaciones muy duras”, apunta Lucas Gortázar, investigador del Banco Mundial y firmante de la carta.

Ismael Sanz, ex director general de Educación de la Comunidad de Madrid (con el PP) y profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos que ha firmado la carta explicaen el estudio Efectos de la crisis del coronavirus en la educación, publicado la semana pasada por la OEI que debido al confinamiento los alumnos perderán de media un 11%de lo que se aprende en un curso escolar. Los efectos a largo plazo pueden suponer una pérdida del 1% de su salario cuando se incorporen al mercado laboral a los 30 años, según esa misma proyección.

En ese informe plantea que en el mes de julio se contrate a interinos que no están trabajando y a antiguos alumnos de los propios centros con estudios superiores y en el paropara atender a los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato que lo soliciten.

La propuesta quiere recuperar el plan PROA, promovido por el Gobierno y las autonomías de 2005 a 2012 que apoya a los alumnos con necesidades, y aplicarlo tanto en julio como a lo largo del curso 2020-2021.“Hay que actuar cuanto antes; si dejamos que ahora se descuelguen del sistema educativo, luego será mucho más difícil recuperarlos”, explica.

Jorge Sainz, ex secretario general de Universidades con el Gobierno del PP y catedrático de Economía y firmante de la carta, estima que el coste de un programa así podría ser de 248 euros por alumno, unos 2.000 millones en caso de que lo solicitasen los 8,2 millones de alumnos ahora confinados.