El Gobierno aprueba durante la reunión del Consejo de Ministros de este martes el aumento del techo de gasto del Ministerio de Transportes con el objetivo de hacer frente a las ayudas destinadas para aquellas personas con dificultades para atender el pago del alquiler debido a la crisis del coronavirus.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quiso recordar que las ayudas beneficiarán a unos 450.000 ciudadanos. "Llevaremos al Consejo de Ministros una propuesta para elevar el techo de gasto, que nos permite llevar adelante los planes para la vivienda y que tendrán por objeto unos 450.000 beneficiarios", anunció el ministro en una comparecencia en Moncloa.

En concreto, con esta medida se pretende que este Departamento tenga margen para recurrir al mercado financiero, firmar créditos y contar con anulidades para devolverlos, según detallaron fuentes del Departamento ministerial y que recoge Europa Press.

De esta forma, el Ministerio dirigido por Ábalos podrá alcanzar el acuerdo con el ICO para habilitar la línea de créditos que podrán solicitar los arrendatarios de pisos de pequeños propietarios que no puedan afrontar el pago de la renta.

Además, también se contemplan medidas de flexibilidad en el pago o reestructuración de la deuda para los arrendatarios de grantes propietarios o empresas.

Por otro lado, se habilitará una línea del Plan Vivienda para que las administraciones públicas puedan alquilar viviendas a personas vulnerables, como pueden ser víctimas de violencia doméstica o afectados por desahucios.

El plan también permite ampliar seis meses los contratos de alquiler que venzan durante el periodo del estado de alarma y paralizar los procesos de desahucio.

El departamento de vivienda niega que se las normas aprobadas incluyan expropiaciones o fomenten la ocupación de casas

El secretario general de Vivienda, David Lucas, ha salido al paso de las informaciones falsas que han lanzado tanto PP como Vox ha raiz de la aprobación de una orden ministerial en la que se desarrolla el Plan Estatal de Vivienda en el que se incluyen las ayudas al alquiler. Según los partidos de la derecha en esta orden se incluye la posibilidad de que el Gobierno expropie viviendas o incentive la ocupación de pisos.

Lucas ha dejado claro que "no se faculta la expropiación, se permite que la ayuda del plan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido en derecho".

Lo que establece la normativa es un programa de ayuda directa para víctimas de violencia de género, personas objeto de deshaucio, sin hogar o especialmente vulnerables para facilitar a estos grupos de riesgo una "solución habitacional inmediata". Esta ayuda se materializa en una subvención de hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupació del inmueble establecido. La orden ministerial también incluye la posibilidad de que las Administraciones autonómicas "pongan a disposición de las personas beneficiarias una viviena de titularidad publica o que haya sido cedida para su uso a una administración pública aunque mantenga la titularidad privada (...) para ser usada en régimen de alquiler, de cesión de uso o de cualquier ocupación temporal admitido en derecho".

Lucas ha recalcado así que el texto "habla claramente de regímenes admitidos en derecho" y ha subrayado que "no se está habilitanto la ocupación, no estamos permitiendo nada ilegal, solo se faculta a las Comunidades Autónomas para que con esa ayuda se pague una vivienda". Y finalilza el secretario general de Vivienda que "en ningún caso se está amparando ningún tipo de ilegalidad, el texto es perfectamente legal y constitucional".

Desde el Partido Popular y Vox se lanzaron mensajes en los que aseguraban que este nuevo texto legal ampara la expropiación. Así lo manifestó el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, en las redes sociales que afirmó que "el exprópiese ha llegado a España". También se manifestó en este sentido el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch que dijo que el Ejecutivo "ha colado en Semana Santa una abolición de la propiedad privada y de la vivienda". Los propios usuarios de la red Twitter han respondido a estos representantes políticos avisándo que están haciendo una interpretación equivocada de la legislación, como así lo ha explicado también el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.