Trabajadores de todo el país denuncian a sus empleadores por paralizar sus contratos con un ERTE y exigirles igual que acudan a sus puestos. Desde el Gobierno y las organizaciones sindicales solicitan a los afectados a denunciar esta situación. Las empresas que implementen es modo fraudulento pueden recibir multas que van de 6.251 a 187.515 euros.

Una nueva forma de precarización laboral se impone en la crisis del coronavirus. Muchos empresarios habrían aprovechado la medida impulsada por el Gobierno para reducir sus aportes y obligaciones tributarias, sin dejar de ganar dinero.

Según informó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta semana se notificaron un total de 450.296 ERTE. Estos expedientes permiten suspender los contratos de los trabajadores o reducir sus jornadas, y los empleados cobran la prestación por desempleo. Esta iniciativa exime o a los empleadores del pago de las cotizaciones sociales, o reduce la carga a la mitad.

Desde la CCOO, el secretario de juventud y nuevas realidades del trabajo, Carlos Gutiérrez, denunció que "Son auténticos fraudes que se aprovechan del esfuerzo del país y la sociedad para evitar los despidos. Obligan a estas personas a seguir trabajando. Es un aprovechamiento total para intentar engordar sus cuentas". El sindicalista alentó a quienes se vean afectados a denunciar la situación a través del sindicato, y recordó que estos son "espacios de protección colectivo".

El Diario.es entrevistó a empleados que son víctimas de estos fraudes. Reservando sus identidades el medio publicó los testimonios para visibilizar su situación. Una de ellas asegura que "el discurso (al que apela su empleador) es el de que ahora son tiempos muy difíciles, que hay que arrimar el hombro, que si no va a tener que hacer algún despido...". La identificaron como Yolanda, trabaja en una consultora de comunicación que le aplicó un ERTE para reducir supuestamente su jornada. Lo real es que ella y sus compañeros deben trabajar en su horario habitual. “Incluso ahora con el teletrabajo estás más tiempo, porque además te da a entender que ahora no tienes mucho más que hacer", denuncia la empleada.

Además de trabajar más tiempo, todo este equipo solo cobrará el 70% de su suelo aproximadamente, ya que solo recibirá la prestación por desempleo. Yolanda no denuncia la situación ni se planta ante su jefe por temor a quedarse sin empleo. "Al final no nos queda otra y vamos a aguantar. Esperemos que pase rápido el expediente”.

Esta misma situación posiblemente viven miles de empleados de todo el país. Las compañías que someten a sus empleados a esta forma de precarización laboral están incurriendo en una infracción muy grave en materia de Seguridad Social.

Esta se produce "por cada uno de los trabajadores, siempre que estos hayan disfrutado fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social", explica Mercedes Martínez Aso, inspectora de Trabajo y portavoz del sindicato UPIT.

Además, estos abusos dan lugar a sanciones accesorias, como perder ayudas, bonificaciones y, en general, beneficios derivados de programas de empleo o formación profesional para el empleo, así como ser excluidos del acceso a tales ayudas por un período máximo de dos años.

Martínez Aso recomienda a los trabajadores denunciar estas situaciones ante las oficinas de empleo, para notificar que se está cobrando de manera ilegítima esta prestación de desempleo mientras sus empleadores les obligan a seguir trabajando.