La Comunidad de Madrid no está a la altura de la población de mayores que están en sus residencias. Tampoco a la de los familiares que han pedido por activa y por pasiva transparencia y ayuda a sus seres queridos. Basta escuchar a la presidenta de la Comunidad para quien es imposible “conocer la cifra real de fallecidos en las residencias madrileñas” y concretar la cifra del personal sanitario contagiado. “En torno a 3.000 mayores internados en geriátricos han muerto por cualquier causa ese mes”, tal y como señaló en una entrevista en La Ser.

Ante esta bochornosa cifra que supone el fallecimiento en la región de casi el 6% de los mayores que había en residencias de Madrid a principios de marzo (algo más de 52.000 mayores que residían en 475 geriátricos), el grupo socialista de Madrid ha denunciado públicamente la falta de sensibilidad política ante todas las personas que en el fin de sus días están teniendo un final tan vergonzoso. “El Plan de choque y la intervención en las residencias no ha ido más allá de la actuación de desinfección (realizada especialmente por la UME) con 82 reconocimientos ligeros, 24 en mayor profundidad, y una visita más amplia de un funcionario para evaluar la situación en el caso de las 13 residencias intervenidas”, añade Barahona.

Desde el grupo socialista madrileño se denuncia también que las residencias “no cuentan con personal suficiente ni con materiales de protección suficientes. Los familiares denuncian la ausencia de información sobre sus mayores y, en estos últimos días, cierta “presión” por parte de las direcciones de algunas residencias para que se lleven a casa a sus mayores, tras las indicaciones de la Comunidad de Madrid”.

• Una muestra de la alarma está en Alcorcón

Un ejemplo de la terrible situación que viven tanto los ancianos y ancianas (con y sin discapacidad) como sus familiares (que no pueden llamar al centro y solo reciben llamadas del médico que les comunica o el agravamiento de la enfermedad o su muerte) lo encontramos en la localidad de Alcorcón. Allí hay cuatro residencias. En una de ellas, la de la Residencia de Mayores con titularidad pública y competencia del Gobierno regional, el panorama es descorazonador. Ya han fallecido una veintena de personas y la falta de personal es más que preocupante. Según los familiares de los residentes tanto el director como parte de la plantilla están en cuarentena. Su alcaldesa, Natalia de Andrés, nos cuenta el panorama crítico ante el que solo reciben el silencio de la CAM.

• ¿Las declaraciones recientes de Ayuso diciendo que habían muerto 3000 mayores pero que era imposible saber las razones exactas definen a quienes están gobernando?

La Comunidad de Madrid está demostrando día a día no sólo una preocupante falta de eficacia y responsabilidad sino una intolerable opacidad en este asunto ya que no ha aportado datos reales de la situación de las residencias de mayores desde el inicio de esta crisis sanitaria. En la actualidad carecemos de información sobre la situación real de estas residencias y la salud de sus usuarios.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, lejos de asumir su responsabilidad en el progresivo desmantelamiento de los Servicios Sociales y el ámbito sanitario y abordar una solución urgente para estas familias, está mostrando su inoperancia y desapego escudándose en una falsa impotencia ante esta situación: es precisamente el Ejecutivo regional el que debe ofrecer datos con rigor sobre las causas de todos los fallecimientos que se han producido en las residencias, no sólo por la derecho legítimo de las familias a conocer estos hechos, sino porque se trata de una información vital para evitar la propagación de la pandemia.

El Gobierno regional está siendo lento en la adaptación en la sanitarización y medicalización de las residencias de mayores de forma urgente, reforzar el material existente y aportar los recursos necesarios para proteger a sus usuarios. Hace un mes la Comunidad de Madrid anunció que iba a medicalizar las residencias, pero no llega la ayuda necesaria. En Alcorcón, necesitamos atención médica recursos materiales, elementos de protección, test para los pacientes y trabajadores de las residencias. Y es preciso que esta intervención se haga de forma urgente.

• ¿Definirías como un “genocidio” lo que está ocurriendo en las 475 residencias de la Comunidad de Madrid?

Las instituciones estamos al servicio de la ciudadanía y nuestra obligación es precisamente protegerla de situaciones de vulnerabilidad como es la que estamos viviendo. La progresiva eliminación de recursos en el ámbito social y sanitario y la reducción de personal ha conllevado dramáticas consecuencias tal y como estamos comprobando. Sus decisiones han creado un sistema débil en recursos materiales que se mantiene fuerte gracias a la fortaleza de su personal sanitario y de todos los profesionales que con su esfuerzo están supliendo las graves carencias que llevan años padeciendo tras los recortes de la Comunidad de Madrid.

Durante mi etapa como concejala de Servicios Sociales, junto a grandes profesionales del Ayuntamiento de Alcorcón, aprendí la relevancia de contar con recursos de calidad en las residencias de mayores, ya que son centros de servicios sociales para la convivencia, no es un centro sanitario, por lo que estas carencias agravan aún más la situación en este tipo de servicios. No es casualidad que el Gobierno de la nación haya designado los servicios sociales como servicio esencial durante esta crisis.

Tras esta crisis, será necesario hacer una profunda reflexión en este asunto porque estos recortes han hecho a la ciudadanía más vulnerable. Será necesario revertir todo ello y revisar profundamente el modelo de los Servicios Sociales en España, abogar por un sistema público similar a la sanidad o la educación, y que cuente con suficientes recursos y financiación para atender con eficacia a las personas que lo necesitan.

Al margen de definiciones concretas más vehementes, mi valoración sobre este asunto es que se trata de una grave incompetencia y distancia de la Comunidad de Madrid con la ciudadanía y con los servicios públicos. Las decisiones importantes en momentos clave como éste definen a un Gobierno. La presidenta regional está dejando más que patente su descontrol y falta de transparencia, se ha dedicado a echar balones fuera, a criticar a otras comunidades autónomas y a la eludir su responsabilidad. Esta actitud no es fructífera, debemos trabajar unidos para acabar con este virus. El Ayuntamiento estamos a disposición y dispuestos a colaborar en cualquier ámbito necesario y realizar todo lo preciso para acabar con esta pandemia.

• ¿Crees que la salud de las personas importa menos que los intereses de las empresas privadas que en muchos casos llevan la gestión de las residencias de nuestra Comunidad?

Esta crisis está demostrando que esa afirmación ha sido una premisa para algunos Gobiernos, como la Comunidad de Madrid. Esta pandemia está poniendo de manifiesto las terribles carencias que padecen los servicios públicos, en el área social y sanitaria especialmente, en nuestra región. Son los propios profesionales y las familias de los usuarios los que están denunciando esta situación.

La privatización de lo público en todos los ámbitos es una seña de identidad de los gobiernos de la derecha y el sector de las residencias de mayores, intensamente privatizado, es uno de los más patentes: los recortes realizados durante los últimos años por el PP han demostrado la escasez de personal y la falta de recursos materiales que padecen sus profesionales, los cuales, a pesar de todo ello están ofreciendo su esfuerzo día a día. No obstante, quiero romper una lanza por algunas empresas del sector que están afrontando esta crisis con rigor, seriedad y prestando este servicio con calidad y eficacia.

Las personas, la ciudadanía, la salud y el bienestar de todos ellos, debería ser la prioridad de todo Gobierno porque es precisamente el principio básico de la representatividad y las instituciones. Alejarse de este principio es perder legitimidad y en estos tiempos difíciles lamentablemente es cuando las prioridades de cada gobierno al frente de una institución quedan patentes.

• En el caso de Alcorcón ¿la impotencia y la rabia como alcaldesa por ver cómo no se está cuidando a quienes más se lo merecen resumen tu estado de ánimo?

Son muchos los sentimientos que durante esta crisis se han sucedido desde mi papel al frente de una institución que, es preciso señalarlo, cuenta con una sólida plantilla de trabajadores municipales que día a día están demostrando la sensibilidad de este Ayuntamiento con su ciudadanía.

Si es cierto que existe una sensación de impotencia ante la imposibilidad de poder actuar en ámbitos en los que no ostentamos la competencia o tenemos capacidad de actuación, pero sobre todo siento orgullo por la solidaridad, esfuerzo y dedicación que están demostrando todos y cada uno de los trabajadores municipales y la ciudadanía de Alcorcón que ofrece a diario muestras de su voluntad de ayudar e implicación en la lucha contra la pandemia; y también siento una profunda responsabilidad.

Considero, tal y como he mencionado, que son precisamente los momentos difíciles como éste en los que los representantes políticos debemos demostrar mayor empatía y responsabilidad. Esta crisis sanitaria está transformando muchos aspectos a nivel personal, social y global y los representantes al frente de las instituciones debemos actuar con rigor y con sensibilidad. El colectivo de mayores es el más perjudicado por esta pandemia y, precisamente por ello, son quienes necesitan mayor cobertura y protección. Pero toda la ciudadanía necesita estar protegida y contar con sus necesidades esenciales cubiertas durante estos momentos duros. Ése es nuestro objetivo y en ello estamos centrando todos nuestros esfuerzos.

• Transparencia con la discapacidad

Por otro lado, y en el caso de las residencias que cuentan con residentes con discapacidad el PSOE de Madrid exige que se reciba información desagregada sobre su situación en la Comunidad de Madrid. Además también pide que” se establezcan contactos periódicos de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad (CPSFIN) con los portavoces en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad o hacer extensivos a estos los que ya se realizan con los portavoces de Políticas Sociales, con el fin de conocer su Plan de Contingencia y del Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de PSFIN y, en su caso, la Consejería de Sanidad, o de ambas deben proporcionar, diariamente, información completa y desagregada, por centros, distritos y municipios, sobre la situación de la población con discapacidad de la Comunidad de Madrid, después de realizar el tratamiento estadístico correspondiente. Información estadística y epidemiológica”.

Además, tal y como destaca dicho grupo, “en las residencias de personas con discapacidad, gestionadas mayoritariamente por entidades especializadas son un recurso social y solidario, con plazas concertadas y privadas, que la pandemia ha alterado y tensionado enormemente su funcionamiento, en especial, por no disponer de recursos sanitarios. Las diferentes entidades, durante semanas han reclamado a la Consejería de Política Social, Familias, Igualdad y Natalidad (CPSFIN) la desinfección de los centros, material sanitario y profesionales, test para la identificación de las personas que deben ser aisladas, equipos de protección individual y orientaciones sobre cómo proceder y afrontar la situación”.

Tal y como destaca el comunicado socialista lo que esta pandemia ha puesto de manifiesto es “la escasa respuesta de la Administración” así como “la falta de personal, la precariedad laboral, los bajos salarios y la falta de recursos materiales, en definitiva, malas condiciones de trabajo en un sector abrumadoramente privatizado, en el que escasean las inspecciones de la Administración competen, la autonómica y se multiplican las denuncias de los familiares que con frecuencia se trasladan a los medios de comunicación”.

Ante tal panorama el PSOE-M responde poniendo a este colectivo en el centro de sus políticas. “Supone uno de los ejes fundamentales de nuestra actuación política. Los residentes mayores son un colectivo que no ha dejado de crecer en los últimos años y ha sufrido con especial dureza las constantes políticas de recorte por parte del Gobierno regional”, finaliza Carmen Barahona.