El Tribunal Supremo ha denegado la medida cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para que se instará al Ministerio de Sanidad a proveer en 24 horas de una serie de medidas de protección a todos los centros sanitarios nacionales públicos y privados.

La decisión difiere de otra adoptada por un juzgado ordinario, el de lo Social número 31 de Madrid, que ha dado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid un plazo de 24 horas para dotar de material de protección a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud. Se ha considerado que "las medidas preventivas son las necesarias para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad".

El Supremo destaca que la CESM no precisa en su escrito contra qué actuación de la Administración se dirige y frente a la cual considera que sería imprescindible la medida cautelarísima que se reclama. El Alto Tribunal subraya que el recurso de CESM invoca preceptos de la Ley reguladora del proceso laboral, mientras que las medidas que piden se refieren al Ministerio de Sanidad.

Ello normalmente obligaría a pedir al recurrente una subsanación de su escrito antes de estudiar su petición, pero en las circunstancias excepcionales actuales el alto tribunal entra en el análisis de la medida cautelarísima reclamada y señala que "no se dan los presupuestos necesarios para acordar la medida positiva, esto es, previa al proceso y sin audiencia de la Administración frente a la que se solicita".