Existen diferentes posturas entre las comunidades autonómicas. Madrid ya adelantó que sus competencias les permiten convocarlas sin pedir autorización al Gobierno central. Para los sindicatos fragmentar las convocatorias y aplazarlas en algunos sitios y otros no podría causar un caos.
Las comunidades españolas debaten si es necesario aplazar las oposiciones de 27.000 docentes. La convocatoria estaba prevista para el verano. El Gobierno Nacional busca llegar a una solución consensuada que atienda a las propuestas de los consejeros autonómicos, los sindicatos y docentes.
Anticipándose a la decisión final sobre las oposiciones, Madrid ya adelantó que sus competencias les permiten convocarlas sin pedir autorización al Gobierno central. Para los sindicatos fragmentar las convocatorias y aplazarlas en algunos sitios y otros no podría causar un caos. Cualquiera sea la decisión que se tome, proyectar cuál será el impacto que el coronavirus provocará en la educación española es imposible.
Mientras que Madrid, Cataluña, Galicia, Euskadi y Castilla y León, proponen mantener el calendario, otras 11 comunidades aseguran que lo mejor es aplazarlas, en general, por lo menos un año. Los planteamientos se realizaron ayer durante un encuentro virtual encabezado por la ministra de Educación, Isabel Celaá, del que participaron los consejeros de cada sitio.
Para las comunidades que proponen aplazar las oposiciones, la situación provocada por pandemia del coronavirus no permitirá llevar adelante una convocatoria masiva de forma normal. Además, aseguran que en el confinamiento obligatorio muchos aspirantes no podrán prepararse como corresponde. Es necesario recalcar que todavía muchos docentes están dando clases a distancia desde sus hogares.
Desde las organizaciones sindicales aseguran que si el calendario de oposiciones se fragmenta los aspirantes de todo el país desbordarán las convocatorias que se mantengan abiertas. Por esta razón reclamaron al Gobierno y las comunidades que traten de mantener una posición común.
Comisiones Obreras y UGT exigieron también que, en el caso de que finalmente se aplacen, se conserven para el año que viene las 27.000 plazas previstas. A los sindicatos les preocupa que la crisis provoque nuevos recortes en las inversiones públicas y las plazas previstas nunca lleguen a convocarse.
Aunque algunas comunidades, como la valenciana, dieron el aplazamiento por seguro, la decisión todavía tiene que verse aprobada en sus respectivas mesas sectoriales. Las autonomías partidarias del aplazamiento creen que el resto acabará asumiendo, a medida que pasen los días, que no se pueden celebrar.