El lunes 21 de marzo Margarita Robles, ministra de Defensa, informó acerca del hallazgo de la UME de ancianos “abandonados, cuando no muertos” en las camas de sus residencias en varios puntos de España. A pesar de no decir un número determinado de ancianos en esta situación, la Fiscalía General del Estado ha decidido tomar cartas en el asunto y ha abierto diligencias de investigación para encontrar a los responsables de esto.

Por su parte Más Madrid, ha anotado telemáticamente en el juzgado un conjunto de residencias en Madrid en las que el número de fallecidos desde el inicio de coronavirus ya sería de 106, así como 362 infectados. En ellas se ha podido ver “indicios de delitos como el homicidio imprudente” o “la omisión del deber de socorro”.

“La alarma social, unida a la dificultad para acceder a información actualizada y veraz, es muy elevada”,se lee en el texto. A través de él, Más Madrid pide a la Fiscalía que “promueva las acciones necesarias en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, procediendo a iniciar las diligencias correspondientes que permitan investigar la situación en la que se encuentran las residencias de la Comunidad de Madrid”.

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, denuncia que“la situación en estos centros es escalofriante” además aclara que “al margen de las responsabilidades políticas, también hay que depurar las responsabilidades judiciales de este desastre: en la información que disponemos y hemos entregado a la fiscalía observamos indicios de, entre otros delitos, homicidio imprudente, lesiones y omisión del deber de socorro”.

Perpinyá avisa de que quien “ha abandonado y humillado a los mayores por mantener el negocio debe pagar por ello”,además pide al Gobierno de la Nación la intervención en las residencias.

A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad ha decidido pasar la pelota a los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas. Al menos así se desprende de la última orden del ministro Salvador Illa que fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que permitía a las autonomías“medicalizar” estos centros.