La Comisión Europea está preparando una flexibilización temporal de las normas sobre ayudas del Estado para permitir a los gobiernos conceder subvenciones directas o ventajas fiscales de hasta 500.000 euros a las empresas que tengan problemas de liquidez a causa del brote de coronavirus.

Desde Bruselas, se ha enviado a las capitales de los países de la Unión Europea un borrador legislativo que prevé un total de cuatro medidas para ayudar a responder a la crisis económica provocada por el virus. Una vez reciba la respuesta de cada socio comunitario, las autoridades comunitarias procederán a la redacción definitiva de la norma.

Además del apoyo económico a las empresas para satisfacer sus necesidades urgentes de liquidez, el proyecto permitirá a los países conceder garantías de Estado para préstamos bancarios que soliciten las empresas. Estos avales podrán estar destinados a nuevas inversiones o para capital circulante, aunque la cantidad estará limitada en función de las necesidades de cada empresa.

La tercera medida consistirá en la concesión de créditos públicos y privados con tipos de interés subsidiados, y serán diferentes dependiendo de si la empresa es una pyme o una compañía más grande. La normativa recogerá que las ayudas se concederán a través de las entidades financieras, sumiendo que dichas ayudas son para los clientes y no para los bancos.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha querido destacar que esta serie de medidas complementarán el resto de normas y posibilidades que ya están disponibles para los Estados miembros. Es decir, que no sustituirán las vigentes.

Asimismo, la danesa ha afirmado que está discutiendo con las capitales la puesta en marcha de soluciones para los sectores más golpeados por la pandemia. "Para dar un ejemplo importante: si queremos minimizar los despidos permanentes y el daño al sector europeo de la aviación, es necesaria una actuación urgente", ha añadido.

Por último, Bruselas también valora suspender el principio que establece que las empresas solo pueden ser rescatadas con fondos públicos una vez cada diez años, de forma que puedan volver a percibir dinero público.