Se están estudiando las necesidades de recursos con las entidades locales y no se descarta aprobar ayudas económicas para los padres que tengan que quedarse en casa sin poder teletrabajar o obligarse a reducir la jornada laboral, por el cierre de colegios por la crisis del coronavirus, una medida que fue anunciada hace una semana por José Luís Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La medida anunciada no ha sido aun incluida en la nueva remasa de las medidas del plan de choque que esta procesando el Gobierno contra el Covid-19 aprobada vía real decreto-ley en el Consejo de Ministros este martes, y que contempla movilizar hasta 200.000 millones de euros, de los que 117.000 millones irán destinados al sector publico, con avales públicos, flexibilización de ERTES y otro tipo de subvenciones.

Desde el Palacio de la Moncloa han informado que cuando se realizaron prestaciones como la anunciada por Escrivá se produjo el cierre de centro escolares con lo que suponía una dificultar para las familias y poder compatibilizar dentro de sus jornadas laborales el cuidado de los niños, si bien se han aprobado medidas para fomentar el teletrabajo o reducir estas jornadas.

No obstante, se estudiarán junto con las entidades locales si se producen situaciones de necesidad y las dimensiones para ver si se pueden ayudar con las mejores medidas disponibles, aunque la idea de la prestación para padres sigue estando ahí y se utilizara en el momento en el que sea estrictamente prioritario.

Ya pasada la primera fase de contención de la crisis sanitaria, la semana pasada, el Gobierno ha señalado que se entra en una fase de contención reforzada, en la que priman medidas de flexibilidad laboral y liquidez para así evitar el cierre de empresas y consigo despidos. La siguiente fase será la de recuperación y estimulo para evolucionar y comenzar con un crecimiento.

José Luís Escrivá, ministro de Inclusión, seguridad Social y Migraciones, ha anunciado el pasado miércoles que el gobierno tenia la intención de aprobar con cargo a las arcas publicas una prestación económica para ayudar a los padres que no tengan mas remedio que quedarse en casa sin posibilidad de ejercer teletrabajo o reducir su jornada laboral.

Asimismo, el conjunto de estas incitativas para potenciar el teletrabajo y propiciar de ese modo la adaptación y las reducciones de jornada, junto con la prohibición del corte de suministros a colectivos vulnerables, justifican también la no aprobación de una moratoria en el pago de alquileres.

El Ejecutivo también tiene en cuenta que las medidas aprobadas pueden garantizar el pago de los recibos de la ciudadanía y confía en la “solidaridad” de los propietarios y los acuerdos que estos puedan llegar a tener con sus inquilinos.

Igualmente, el Gobierno ha aprobado una moratoria para el pago de hipotecas para ciudadanos vulnerables, que se vean afectados por la crisis del coronavirus, en principio para un mes, aunque podría prolongarse, como el resto de medidas, si se prolonga el Estado de Alarma.

En relación a la coordinación con las comunidades autónomas, el Ejecutivo insiste en la necesidad organización de comunidades autónomas, entidades locales y Estado. Ha sido la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha presidido la reunión de coordinación por videoconferencia con los responsables de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas para coordinar la respuesta económica ante la situación de emergencia creada por el virus.

Durante la sesión, Montero trasladó a los consejeros autonómicos el detalle de las medidas aprobadas por el Gobierno hasta la fecha para luchar contra la crisis del covid-19, como el plan de choque que movilizará 100.000 millones de euros de recursos públicos, entre la línea de crédito avalada a través del ICO, así como ayudas directas a familias, autónomos y empresas, inyecciones de liquidez a las regiones, como 2.800 millones anticipados a la actualización de entregas a cuenta o aplazamientos y facilidades de pago en impuestos o cotizaciones sociales.

En la reunión, montero ha informado el deber de las comunidades autónomas de suministrar al Ministerio de Hacienda la información económica-financiera que se requiera sobre los efectos que pueda causar la crisis.