El ministro de Sanidad, Salvador Illa ya anunció en la rueda de prensa conjunta con los ministros de Defensa, Interior y Transporte, cuyo cuarteto asume el mando funcional de la crisis sanitaria, que el Gobierno, en su función de mando único a raíz del Decreto Ley del Estado de Alarma sanitaria, ha decidido intervenir la Sanidad privada para ponerla al servicio del Sistema Nacional de Salud. Se trata de una medida inédita en materia sanitaria en la reciente historia de la democracia española.
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El Gobierno, en calidad de autoridad única tras el decrerto de Estado de Alarma sanitaria, a causa de la pandemia del coronavirus, ha decidido este lunes, poner los hospitales privados al servicio del Sistema Público de Salud, y así se lo ha comunicado a las Comunidades Autónomas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Esta medida ya fue anunciada por Illa en la comparecencia de los cuatro ministros designados para la gestión del Estado de Alarma: Defensa, dirigido por Margarita Robles, Interior, cuyo titular es Fernando Grande Marlaska y Transportes, del ministro Jose Luis Ábalos, Secretario de Organización a su vez del partido socialista.
La histórica medida, supone la intervención de la Sanidad privada para ponerla al servicio del Sistema Nacional de Salud. Todos los hospitales privados de España están al servicio de lo que ordenen las autoridades sanitarias de sus comunidades Los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas dispondrán de “todos los medios necesarios del sistema privado para hacer frente a la pandemia".
Las Comunidades también podrán utilizar a partir de ahora otros recursos, “podrán habilitarse todos los espacios públicos y privados” que puedan ser necesarios para convertirlos temporalmente en nuevos lugares asistenciales para atender a los enfermos.
Medidas especiales: Todos los estudiantes en su cuarto año de residencia de especialidades como medicina interna, medicina intensiva y geriatría, entre otras, “verán prorrogada” la duración de sus contratos.
Este domingo se han aprobado tres ordenes: La primera de ellas se trata de medida de tipo laboral destinada a reforzar los recursos humanos de los centros sanitarios, muy diezmados por los contagios y cuarentenas provocados por el virus. Esta medida instaura que todos los estudiantes en su cuarto año de residencia de especialidades como medicina interna, medicina intensiva y geriatría, entre otras, “verán prorrogada” la duración de sus contratos. Asimismo, “quedan suspendidas las rotaciones” y se autoriza la contratación de facultativos que no hayan logrado completar su especialidad tras aprobar las pruebas de médico residente (MIR).
La segunda se dirige a asegurar que el Sistema Nacional de Salud dispone de todos los bienes y servicios disponibles en España que puedan ser útiles en la lucha contra el coronavirus. El Gobierno da un plazo de 48 horas a empresas y particulares que tengan o puedan fabricar materiales como equipos de diagnóstico, mascarillas gafas protectoras, guantes y otros productos médicos y farmacológicos “a ponerlo en conocimiento” de las autoridades, bajo la amenaza de sanciones para aquellos que no lo hagan.
La tercera y última consiste en establecer unas normas sobre el “suministro de información y datos” respecto a la evolución de la epidemia. Hasta ahora estos datos los venía ofreciendo diariamente el ministerio, aunque también las comunidades los actualizaban cuando lo consideraban conveniente, lo que en varios momentos ha creado cierta confusión sobre algunas cifras. A partir de ahora, según Illa, estos datos serán ofrecidos una sola vez a media mañana y de forma diaria por el Ministerio de Sanidad.
En la noche del domingo 15 de marzo, durante la rueda de prensa de los cuatro ministros designados como autoridad competente durante el estado de alarma (Sanidad, Transportes y Movilidad, Defensa e Interior) también se avanzaron otras medidas después de la aprobación del real decreto. El titular de Transporte, José Luís Ábalos, informó acerca de la reducción del transporte publico de viajeros aéreos, marítimos y por carretera del 50%. En el caso de Renfe, la reducción será del 85%, porque además de disminuir la oferta al 50% se reduce a un tercio la capacidad de los trenes para garantizar la distancia entre pasajeros. “Una reducción drástica de la movilidad implicará molestias y sacrificios, pero la reducción del riesgo nos compromete a todos”, subrayó el ministro.
Todas las comunidades autónomas podrán fijar la reducción que estimen en los transportes públicos, siempre que “garanticen que los ciudadanos puedan acceder a su trabajo y a los servicios básico”.
Margarita Robles, titular de Defensa, anunció que se va a alcanzar un acuerdo con todas las comunidades para atender a personas sin hogar durante el estado de alarma, para los que también se garantiza el acceso a alimentos.