La resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal "inadmite" el recurso del Gobierno regional contra la sentencia por la que el Supremo confirmaba la anulación de la enajenación de casi 3.000 viviendas a fondos buitre por debajo del precio de mercado durante el mandato del hoy en día investigado por el "caso Lezo" y la "Púnica", Ignacio González.

Isabel Díaz Ayuso intentó, a la desesperada, interponer un recurso de casación para frenar el varapalo judicial que se le avecinaba, sin embargo, la resolución, con fecha de este mismo lunes, rechaza de pleno las razones que defiende el Letrado de la Comunidad de Madrid sobre "la falta de legitimación activa" puesto que, a su juicio, las consecuencias de la sentencia "deberían de alcanzar al recurrente y no a los miles de afectados por la enajenación".

El Alto Tribunal, por su parte, insiste en que dicha legitimación ya fue reconocida por el Supremo el 22 de noviembre de 2017, puesto que los efectos para los inquilinos fueron "directos", negando así que exista una "incongruencia omisiva del auto en relación con una cuestión procesal".

Pero el fallo no se queda ahí, ya que "abronca" al Gobierno regional al considerar que su recurso contiene "múltiples referencias a los terceros interesados" como es el caso del fondo Azora.

"No es dable al Letrado de la Comunidad de Madrid erigirse en representante o defensor de los derechos de tales terceros interesados, pues es a éstos a quienes corresponde la defensa de sus derechos e intereses"

En última instancia, Ayuso podría acudir al Tribunal Constitucional, no obstante, fuentes cercanas a la formación presidida por Pablo Casado manifiestan que los asesores de la Comunidad están considerando acatar la resolución del Supremo con el fin de evitar otro varapalo judicial.

Tampoco lo consigue Azora

Si la resolución contra la Comunidad de Madrid es incontestable, lo mismo ha ocurrido con el fallo de la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que también ha rechazado el recurso de Azora Gestión S.L. -propietario de las 32 promociones enajenadas en 2013-.

Hay que remontarse hasta 2016 para conocer el inicio de este calvario judicial que emprendió Rachid Bouikou, un vecino de Navalcarnero de origen magrebí que, pese a cumplir una serie de requisitos para acceder a una vivienda de alquiler, vio cómo un fondo buitre se la quedaba.

Una operación que se replicó en 2.935 viviendas de protección oficial (VPO) y que supuso más de 200 millones de euros a las arcas regionales, siendo la propia Cámara de Cuentas la que advirtió, allá por 2015, que se había llevado a cabo por debajo del precio de mercado.

No fue hasta el 25 de mayo de 2018 cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 29 de Madrid permitió recuperar su vivienda a todos los perjudicados "por la decisión del Ivima".

El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al que la Comunidad, con Ángel Garrido al frente, intentó convencer de que se trataba de una "decisión política legítima" fundamentada en "argumentos sólidos ligados al ahorro de costes que tanto reclama la ciudadanía a las Administraciones y a la mejor eficacia en la gestión".

"Vender vivienda pública a fondos de inversión fue un error, estuvo mal"

Así lo reconocía el propio Garrido en una entrevista poco tiempo después, y es que el TSJ de Madrid resolvió a favor de los inquilinos, lo que ha ratificado ahora el Alto Tribunal, que además impone unas costas de 1.000 euros a Azora y anuncia que "contra la presente resolución no cabe recurso alguno".

Azora como "empresa non grata"

Ya el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en octubre de 2018, declaró a Azora "empresa non grata" en el municipio tras escuchar las quejas de los vecinos, que aseguraban que el fondo de capital riesgo había aumentado de forma considerable los alquileres de las viviendas.

Se abre así la veda para que la justicia pueda ahondar ahora en la venta de 1.860 viviendas sociales a Blackstone por parte del Consistorio madrileño en mayo de 2013, cuando ostentaba el poder la alcaldesa Ana Botella.