La salud, un bien (público) global

La salud, un bien (público) global

España dispone de uno de los mejores sistemas de salud, pero a nadie se le escapará que si el COVID-19 está convulsionando países como el nuestro, las consecuencias crecen de manera exponencial en países que carecen de sistemas nacionales de salud con las adecuadas capacidades.

Hace escasas semanas se hizo viral la imagen de un grupo de profesionales sanitarios de la República Democrática del Congo que celebraban con bailes y cánticos la curación de la última enferma de Ébola, virus que ha causado la muerte de 2.264 personas en el país.

Seguramente esos mismos profesionales que bailaban ese día de febrero observen con temor lo que está pasando con el COVID-19. Hasta ahora el coronavirus más famoso está afectando mayoritariamente a países con sistemas nacionales de salud sólidos, dotados con recursos y profesionales cualificados. Pero aun así, la crisis se ha desatado. Sorprende la naturaleza “miedosa” del dinero, en pocas semanas las bolsas se han desplomado, los empresarios demandan planes de ayudas y el miedo se transmite a mayor velocidad de la que lo hace el propio virus.

No es la primera vez, e intuyo que no será la última, que el mundo convulsiona por un problema de salud global. Si en siglos pasados la enfermedad sorteaba fronteras con facilidad, en 2020 es pan comido.

A día de hoy son pocos los casos registrados en África, no así en el sudeste asiático y crece el número en América Latina y el Caribe.

Expertos internacionales, organizaciones no gubernamentales llevan décadas demandando políticas globales para los desafíos globales para la salud. No obstante, no hay consenso respecto a si la salud es un bien público global o no. Pero lo cierto es que la prevención y control de enfermedades transmisibles y sus efectos transfronterizos sí lo son. No solo por los efectos en la salud sino por alcance global del conjunto de externalidades que las acompañan.

España dispone de uno de los mejores sistemas de salud y no es una frase hecha. La red de atención primaria alcanza al conjunto de los territorios y la coordinación interinstitucional tan anhelada en otros ámbitos, existe y funciona.

Sin embargo, a nadie se le escapará que si el COVID-19 está paralizando países como Italia o China las consecuencias de una enfermedad de características similares crecen de manera exponencial en países que carecen de sistemas nacionales de salud con las adecuadas capacidades.

SRAS, gripe aviar, Ébola por citar algunos de los ejemplos más recientes de problemas globales de salud que pusieron a prueba los sistemas nacionales de salud y confirmaron la debilidad de los mismos en los países en desarrollo.

400 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud básicos y 1.600 viven en circunstancias de tal vulnerabilidad que pone en riesgo su acceso a la salud.

La enfermedad es para millones de personas en países de desarrollo causa y consecuencia de la pobreza. Así por ejemplo, se estima que la malaria se cobra algo más de un 1% del crecimiento de los países africanos donde es endémica.

Fortalecer los sistemas de salud, mejorar la dotación y contratación de personal cualificado, lograr la cobertura universal y aumentar la financiación es parte del compromiso incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Del mismo modo, el ODS 3 correspondiente a “salud y bienestar” incluye entre sus metas el refuerzo de los sistemas de alerta temprana, de gestión de riesgos para la salud nacional y mundial. Pero todo ello no será posible sin la cooperación internacional.

La comunidad de donantes parece que lo ha entendido y en coherencia ha incrementado la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a salud, según consta en el informe “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria” de las ONGD medicusmundi y Médicos del Mundo. No es el caso de la Cooperación Española que, con los presupuestos de 2018 prorrogados, mantiene la tendencia de divergir del resto de donantes. Así pues, mientras los países de la OCDE destinan de media a la salud el 13,8% de su AOD, España se queda en un 2,47%.

El Gobierno de España ha anunciado su compromiso de destinar a cooperación para el desarrollo el 0,5% de la Renta Nacional Bruta al final de la legislatura. Los próximos presupuestos deben sentar las bases de la hoja de ruta que permita llegar a ese 0,5% y, sin duda, recoger el incremento en ayuda en salud destinando una buena parte de esos recursos al fortalecimiento de los sistemas de salud.

Crisis como la del COVID-19 ponen a prueba no solo la valía de las personas que están al frente de las instituciones sino las instituciones en sí mismas. Solamente mejorando la sostenibilidad institucional de las políticas de salud será posible alcanzar los ODS y el anhelado “salud para todos”. Y, de nuevo, la cooperación internacional es esencial.

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