La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado en la rueda de Prensa tras el Consejo de Ministros que se ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Educción (LOMLOE). Celaá ha destacado que “el Proyecto de Ley aprobado, que deroga la LOMCE, es la primera pieza y piedra angular de una profunda transformación del sistema educativo, ambiciosa, exigente, de largo alcance, responsable con nuestros menores y su futuro”.

La futura ley de Educación LOMLOE incluye la modernización de la Formación Profesional con la colaboración de todos los agentes implicados; la reforma de la profesión docente; el refuerzo de los planes de cooperación territorial y la reforma del actual modelo de becas para garantizar la igualdad de oportunidades. Para llevarlo a cabo, el Gobierno propone incrementar la inversión progresivamente hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025.

Se incluirá por primera vez los derechos de la infancia, una mayor personalización del aprendizaje, la modernización del currículo poniendo atención a la diversidad, incrementará la autonomía de los centros y pretende extender la educación infantil de cero a tres años, entre otras medidas.

Dentro de la legislación educativa, se incluirá por primera vez los derechos de la infancia, una mayor personalización del aprendizaje, la modernización del currículo poniendo atención a la diversidad, incrementará la autonomía de los centros y pretende extender la educación infantil de cero a tres años, entre otras medidas. El ministerio también ha elaborado el Plan de Digitalización y Desarrollo de la Competencia Digital en Educación y FP.

La ministra de Educación ha manifestado que “nuestra propuesta multiplica el esfuerzo, que ya no es solo del estudiante. Queremos un sistema educativo que acompañe a los estudiantes en su desarrollo como individuos, como ciudadanos de una sociedad democrática y como profesionales competentes. Nuestra sociedad necesita todos los talentos”.

La titular de Educación ha asegurado que el corazón de la ley es “una enseñanza personalizada”, es decir, que trata de la “diversidad del talento”.

Celaá ha subrayado que “el destinatario universal de esta ley es el alumnado”, ya que se busca “que no haya segregación ni en el acceso ni en la salida”, es decir, “sin itinerarios segregadores”, como establecía la LOMCE. Asimismo, ha anunciado que en un año el Gobierno presentará un modelo para la carrera docente, que “incluirá formación inicial del profesorado”.

La ministra ha señalado también que el Gobierno quiere avanzar de manera gradual en la incorporación de la educación de 0 a 3 y tratará de evitar que existan tratamientos de 0 a 3 que no sean educativos o que no tengan la calidad requerida.

Celaá explicó también que con esta ley se busca una escuela “inclusiva, participativa”, se incluye la educación para el desarrollo sostenible y la educación digital y se apuesta por un currículo “mucho más competencial y menos enciclopédico”.

Ordenación de las enseñanzas

La Educación Primaria se organiza en tres ciclos. La ley elimina la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria (desaparece la anterior división de materias en troncales, específicas y de libre configuración) y se suprimen definitivamente las pruebas finales de etapa.

Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable.

El texto lleva a cabo una regulación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional. Se recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que venía funcionando satisfactoriamente hasta 2013 –un 55% de los contenidos y materias serán competencias del Estado en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales y un 65% serán competencias del Estado en las comunidades con una lengua oficial–.

Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable.

Por otro lado, la norma garantiza que todos los estudiantes de Educación Primaria y ESO cursen una materia de educación en valores cívicos y éticos. En Bachillerato, se prevé la posibilidad de que, excepcionalmente y cuando el claustro valore que se han obtenido los objetivos del ciclo, se obtenga el título por compensación en caso de superar todas las materias salvo una.

Asimismo, la religión será materia de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria, y se elimina la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. La calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros.

Amplio proceso de participación

El documento, que ha vuelto al Consejo de Ministros tras ser aprobado por el Ejecutivo el pasado 15 de febrero de 2019 y que no pudo ser tramitado en el Parlamento por la convocatoria electoral, es el resultado de un amplio proceso de participación con más de 43.000 correos electrónicos recibidos en una primera fase de consultas, según lo explican desde el propio Ministerio de Educación de Celáa. El texto ha sido revisado por los máximos representantes educativos de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación y ha recibido las aportaciones de los consejos escolares autonómicos y de varios ministerios, así como analizado en reuniones con un centenar de asociaciones y organizaciones del mundo educativo.

El texto ha sido revisado por los máximos representantes educativos de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación y ha recibido las aportaciones de los consejos escolares autonómicos y de varios ministerios, así como analizado en reuniones con un centenar de asociaciones y organizaciones del mundo educativo.

La ministra Celaá presentó el documento ante las Comisiones de Educación y FP del Congreso y del Senado. Por su parte, el Pleno del Consejo Escolar del Estado (el máximo órgano de la comunidad educativa) aprobó por mayoría absoluta el informe del anteproyecto presentado por la Comisión Permanente.