Las tornas se han dado la vuelta. Normalmente es la ciudad la que a la primera de cambio sale en busca del campo, buscando una calma que no siempre es posible encontrar en aquellas urbes más pobladas o simplemente por volver a un lugar del que nunca hubieran querido irse.
Sin embargo, desde hace unas semanas, el campo ha hecho el camino a la inversa, cambiando caminos de tierra por asfalto para expresar una situación que califican de agónica. Cientos de agricultores han tomado con sus tractores muchas capitales de provincia y han cortado autovías para manifestar que el sector primario requiere de medidas urgentes.
Qué la situación del campo es difícil es evidente. Quienes vivimos en el mundo rural vemos como cada vez son menos los que siguen apostando por trabajar en el sector cada vez menos atractivo: precios que no cubren lo que cuesta producir, costes elevados de producción, recortes en ayudas como la PAC, bajas coberturas de los seguros agrarios o la competencia de mercados extracomunitarios.
En Castilla y León, comunidad autónoma en la que vivo, fue Milagros Marcos, durante su etapa como consejera de Agricultura y Ganadería, quien recortó las subvenciones a los seguros agrarios en el tramo autonómico
Pero la pregunta que muchos nos hacemos es por qué se han manifestado precisamente ahora. ¿Acaso todos estos problemas han nacido a la vez que el nuevo Gobierno? ¿A qué se debe este repentino final del barbecho? Llama poderosamente la atención que durante los últimos años los agricultores y ganaderos hayan guardado silencio, mediático al menos, vista la gestión del Partido Popular. No olviden que fue el Gobierno presidido por Mariano Rajoy el que, de manera unilateral, redujo un 18% la devolución de parte del impuesto especial de hidrocarburos al gasóleo agrícola, cuando existía un convenio firmado con las OPAs. Tampoco pasen por alto que fue el ministro Cristóbal Montoro quien hace cuatro años dejó sin efecto la exención de IBI de naturaleza urbana a las naves agrícolas y ganaderas edificadas en suelo rústico, pasando unas valoraciones catastrales infladas. Y no hablemos de la gestión de Miguel Arias Cañete ante la crisis de las ‘vacas locas’.
Pero hay más ejemplos. En Castilla y León, comunidad autónoma en la que vivo, fue Milagros Marcos, durante su etapa como consejera de Agricultura y Ganadería, quien recortó las subvenciones a los seguros agrarios en el tramo autonómico. Y no solo esto: durante las dos legislaturas de Rajoy y los treinta y dos años de Gobiernos del Partido Popular en la Junta de Castilla y León nunca se han puesto manos a la obra para intentar paliar la grave situación de crisis en determinados sectores del campo, cuando los datos reflejan que todo viene de tiempo atrás, hasta dos décadas en algunos casos.
Esta situación de mirar para otro lado contrasta con la actitud del actual ministro del ramo, Luis Planas, y su sensibilidad hacia las demandas que más importantes del sector. Durante las últimas semanas se ha visto con todos los colectivos implicados en la cadena alimentaria para terminar llevando al Consejo de Ministros un paquete de medidas que palíen la complicada situación que atraviesan agricultores y ganaderos, demostrando el respaldo del Gobierno a un sector esencial para la economía del país e imprescindible para impedir que la España rural se siga vaciando.
Entre los acuerdos adoptados figuran la prohibición de la venta ‘a pérdidas’ así como las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, endureciendo las infracciones para quienes incumplan.
Entre los acuerdos adoptados figuran la prohibición de la venta ‘a pérdidas’ así como las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, endureciendo las infracciones para quienes incumplan. También, y con la vista puesta en que la población se asiente en nuestros pueblos, se introducen cambios en la Ley del IRPF orientados a mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. No parece un mal comienzo.
Desde luego el camino es largo y habrá que andarlo. Habrá que tomar medidas encaminadas a reorganizar la oferta para poder negociar mejor los precios de venta en origen, lo que redundará en una mejor vertebración del sector. En este sentido, parece oportuno reconocer y apoyar a las cooperativas potenciar su poder negociador. También se hace necesario apoyar el sistema de seguros agrarios; la revisión de la ley de organizaciones interprofesionales para fomentar su presencia en los diferentes sectores.
Y, por supuesto, pelear por una nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) que no suponga recortes con respecto a la anterior, con fondos que sean distribuidos a través de un Plan Estratégico Nacional que tenga como beneficiarios a aquellos que realmente lo necesiten. En definitiva, debemos estar a su lado, reconocer la importancia de su trabajo y generar un clima que les impulse para seguir apostando por quedarse en nuestros pueblos. No podemos permitirnos que también ellos (y ellas, porque en el campo también trabajan muchas mujeres) tengan que marcharse.