En el salón de actos del Consejo General de la Abogacía se ha celebrado la mesa redonda convocada por Themis sobre el tema del encabezamiento, en las que han participado tres expertas: Marta Cárdaba, Paula Reyes y Altamira Gonzalo, con la asistencia de numeroso público, entre él las diputadas nacionales socialistas Isaura Leal y Lidia Guinart, y la diputada autonómica, Lorena Morales.
Desde perspectivas diferentes se ha analizado cómo protege el sistema social y judicial a las y los menores cuando viven en un entorno violento, ya sea por violencia del padre hacia la madre, ya sea por abuso sexual a menores.
Se ha constatado que hasta, hace muy pocos años los menores, no han sido considerados sujetos de derechos, sino objetos y que en general, salvo sus madres y quienes las hemos estado apoyando desde ONG, psicólogas, abogadas etc. nadie ha reparado en sus necesidades y en las consecuencias que en el desarrollo e su personalidad iba a tener una infancia en un ambiente hostil cuando no agresivo.
Se ha puesto en evidencia que existen cauces e instrumentos legales para limitar o suspender la relación entre los y las menores y el agresor, lo que depende de los juzgadores, pero que, sin embargo, en un escasísimo porcentaje (que no llega al 3% para la suspensión del régimen de visitas y no pasa del 0.7% para la suspensión de la patria potestad), los jueces no las adoptan, pudiendo hacerlo, esas medidas que propiciarían a los menores poder restablecerse de la convivencia en un medio agresivo. Se ha constatado que la causa no es legal, por tanto, sino ideológica patriarcal: prevalece en la mentalidad de muchos aplicadores de la ley la idea de que el interés superior del menor es siempre y en cualquier condición mantener a la relación paterno filial. Por ello, se ha concluido la urgencia que hay de la puesta en práctica de la medida del Pacto de Estado contra la violencia de género que obliga la suspensión de las visitas en todos los casos en los que haya menores sujetos a la patria potestad de la víctima, que hayan presenciado, convivido o sufrido con manifestaciones de violencia.
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Pusieron de manifiesto, tanto las ponentes como en el posterior debate, que el SAP es el instrumento que utiliza el neomachismo cuando se discute de custodia y visitas en los Juzgados. Constructo acientífico, que el CGPJ ha desaconsejado de manera reiterada a todos los aplicadores de la ley, pero que se constató en la sala cómo se está reintroduciendo actualmente en los Juzgados, tras un nombre biensonante, que es el de coordinador de parentalidad, figura jurídica inexistente en nuestro derecho, no obstante lo cual, algún Juzgado está aplicando a modo de experiencia piloto, y los coordinadores designados están entrenados en SAP (uno de los principales formadores ha sido el ex juez Francisco Serrano) y lo aplican allá donde todavía de manera muy excepcional se designan.
Se evidenció de nuevo la necesidad de formación con perspectiva de género desde los primeros niveles educativos, especialmente en la universidad, para evitar la incredibilidad de las mujeres y niños y niñas en sede judicial cuando denuncian a maridos y padres por violencia de género, porque el descreimiento de sus relatos es la forma principal en la que se concreta juzgar sin remover los estereotipos de género. Este cuestionamiento el testimonio de mujeres, niñas y niños, provoca que los jueces resten credibilidad a sus relatos y da lugar a resoluciones que, en definitiva, suponen una denegación de la tutela judicial efectiva.