Carlos Campo, ministro de Justicia aseguró esta semana en el Senado que las "penas por sedición en España son inusitadamente altas” y añadió que por tanto "no son funcionales al contexto social y político que vive el país".
Se han vivido momentos de tensión por parte de la oposición, en el Senado, debido a que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha hecho mención a las sentencias del procés, y a la temática de Cataluña. Concretamente, la primera sesión de control al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo marcada por la confrontación de fuertes mensajes políticos relacionados con la judicialización de la política. No gustaron nada a la oposición las observaciones del actiual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre las penas de sedición que están vigentes en España. Para Campo, en nuestro país las penas por sedición son “inusitadamente altas” y no son funcionales al contexto social y político que vive el país.
Algunos miembros de la oposición, anticiparon que estas declaraciones marcan la orientación que podría tener la Mesa de Diálogo que hoy presidirán el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, en el Palacio de la Moncloa.
Ante el Senado, el Ministro Campos aseguró que el origen del delito de sedición se remonta a 1822, “y como tal fue pensada para dar respuesta a una conducta propia de hace dos siglos”. Para el titular de la cartera de justica, la normativa que regula las penas por sedición no están a la altura del desafío independentista del 1-O.
En la actualidad en España alguien que es acusado por insurrección o conspiración contra el Gobierno y los intereses del país puede recibir una pena de hasta 15 años. “Hoy en día, la práctica totalidad de la comunidad jurídica entiende que la vinculación entre sedición y rebelión es un error”, dijo el ministro de Justicia. Además, señaló que Alemania eliminó el delito de sedición en 1970 y "castiga con tres años los actos violentos realizados por una multitud contra las personas o cosas que pongan en peligro la seguridad pública”. En Francia, solo si la rebelión es armada la pena puede alcanzar los diez años. En España Oriol Junqueras, el exvicepresidente y uno de los líderes del independentismo catalán, recibió una condena firme de 13 años por sedición y malversación.
Por su parte, el magistrado Fernando de Rosa del PP, señaló que la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno podría ser un “indulto encubierto” a los impulsores del procés.
El ministro explicó que “lo que ha ocurrido en Cataluña responde a una situación compleja y distinta a las vividas en el pasado. Por eso, es normal que los tipos penales preexistentes no se ajusten a esa realidad y su aplicación genere problemas jurídicos y sociales. Sobre todo, cuando estos tipos se han diseñado pensando en lógicas de otras épocas, en amenazas que no se corresponden exactamente con lo que ha ocurrido”.
Como no podía faltar, la reunión entre ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas también fue uno de los temas centrales en la agenda del PP en Cámara Alta. La bancada del PP exigió la dimisión de ambos. En relación a ello el jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, destacó que “si lo único que se les ocurre es preguntar por Venezuela a este Gobierno me lo tomo como un cumplido, porque significa que lo estamos haciendo muy bien”.