El pasado 8 de febrero, un derrumbe de tonedalas de materiales en el vertedero de Zaldibar, sepultó a dos trabajadores todavía no localizados. La gestión de la situación ha provocado las críticas al gobierno vasco en un ambiente preelectoral, además de una crisis medioambiental en la que las consecuencias todavía son inciertas.

Las labores de rescate tuvieron que ser suspendidas tan solo un día después del accidente, dado que se detectó la presencia de amianto, y solo pudieron reanudarse una semana después, a la vez que continúan las tareas de extinción de los incendios y de estabilización del terreno.

El departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo ha recomendado a los vecinos de Eibar, Ermua y Zaldibar que no ventilen sus casas ni hagan deporte al aire libre, por los altos niveles de dioxinas y furanos detectados, una exposición 50 veces por encima de lo habitual y que afecta a unos 46.000 habitantes. También los colegios de estas localidades permanecen cerrados ante las recomendaciones de no realizar deporte al aire libre.

Además, según informa El Diario Vasco, el Gobierno Vasco rechazó que el Ejecutivo Central enviara la Unidad Militar de Emergencias para que ayudara en el operativo del rescate de los dos empleados sepultados, alegando que la situación no se podría solucionar con más efectivos.

El desconcierto y la imprevisibilidad de los acontecimientos está presente en la crisis de Zaldibar, situación agrabada después de conocer que el Gobierno Vasco tenía constancia de que entre los escombros había amianto y no se avisó a los operarios encargados del rescate hasta horas después de iniciar las labores de búsqueda.

Se espera que, a lo largo de la mañana del martes, comparezca el lendakari, Iñigo Urkullu, para explicar la gestión del desastre y despejar algunas de las incógnitas.