La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado este jueves las devoluciones sumarias, más conocidas como devoluciones en caliente que el Gobierno de España realizó en la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014. Le da así la razón a nuestro país después de ser condenado por los mismos hechos en octubre de 2017, sentencia que fue recurrida por nuestro país y que ha sido atendida ahora.

En aquellos días del verano del 2014, dos migrantes procedieron a saltar la valla de Melilla junto a un grupo numeroso de personas. Ambos fueron detenidos y devueltos a Marruecos de manera inmediata. El tribunal considera que, en este caso, los dos ciudadanos procedentes de Mali y de Costa de Marfil trataron de “ingresar al territorio español de manera no autorizara” escalando por las vallas de la ciudad española. El Tribunal considera que los demandantes se habían colocado en una “situación ilegal de forma deliberada” al intentar cruzar la frontera de ambos países por un “lugar no autorizado” y formando parte de un grupo grande, haciendo uso de la fuerza. La sentencia afirma que “por tanto optaron por no utilizar el procedimiento legal para ingresar en territorio español” por este motivo la Corte señala que España no vulneró ningún artículo de la Convención de Derechos Humanos y procedió de manera legal devolviéndoles al país africano de forma inmediata.

Las conocidas como ‘devoluciones en caliente’ se regularizaron en la época del Gobierno de Mariano Rajoy, concretamente en el año 2015. Se hizo a través de una disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana que exponía que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

Esta modificación legislativa se hizo sin el apoyo del PSOE. De hecho, los socialistas presentaron en el 2015 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la “ley mordaza”.

Al llegar al Gobierno, el Partido Socialista, decidió mantener las devoluciones en caliente hasta que se pronunciase de forma definitiva el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, en 2017 España ejecutó más de 600 rechazos en frontera (forma en la que se refieren a las devoluciones en caliente); mientras que en 2018 se produjeron más de 650 expulsiones.

En el 2017 España fue condenada al pago de 5.000 euros a cada uno de los migrantes expulsados por este procedimiento en una primera sentencia del TEDH de Estrasburgo fechada en el 2017. Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy recurrió la sentencia y este jueves hemos conocido la decisión definitiva.