El Consell Nacional de ERC ha validado la creación de una mesa de negociación entre gobiernos para buscar una solución al conflicto en Catalunya, a cambio de su abstención en la investidura de Pedro Sánchez. La mayoría ha sido abrumadora. Tras conocerlo, el Partido Regionalista Cántabro, de Revilla, se ha apresurado a decir que no apoya la investigura, algo que había supeditado hasta conocer el acuerdo. En cambio Teruel existe y Nueva Canarias, así como el resto de las formaciones políticas que ya habían apostado por Sánchez, han ratificado su apoyo por la investidura. Dos puntos han sido claves, el reconocimiento de que existe un conflicto político y la creación de una mesa entre los gobiernos para el diálogo. Nada que quede fuera del marco del sistema jurídico político.

Pablo Casado se ha apresurado a declarar que esta abstención liquida la soberanía nacional y es pisotear los derechos de los españoles. Sin embargo los barones socialistas, a pesar de las llamadas de Inés Arrimadas, se ratifican en su apoyo al Secretario General de los socialistas y actual presidente del Gobierno en funciones, que a su vez piden a Arrimadas que se sume y así no se hubieran tenido que apoyar en la abstención indepentista.

El órgano de la formación republicana ha apoyado el acuerdo con el PSOE "por una amplia mayoría", tal y como han señalado fuentes de ERC.

Todo hacía indicar que la influencia de Oriol Junqueras y Gabriel Rufián, partidarios de la abstención, finalmente sería la apoyada por el partido y el Consell. Ya definitivamente ERC permitirá la investidura del candidato socialista como presidente del Gobierno con su abstención que hasta hoy mismo era imprescindible para sacar adelante un gobierno tras casi dos meses tras las segundas elecciones y con el bloqueo de la derecha y la ultraderecha.

Este es el comunicado íntegro:

"Nos encontramos ante la oportunidad de desbloquear y encauzar el conflicto político sobre el futuro de Catalunya y establecer las bases para su resolución.

Es nuestra responsabilidad explorar y abordar la apertura de una nueva etapa basada en el diálogo efectivo, abierto y sincero y apostar por el reconocimiento y entendimiento institucional.

Por ello, hemos acordado crear, en un plazo de 15 días, una Mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con los principios de lealtad institucional y bilateralidad que rigen el marco político de relación entre ambos, que actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático. La Mesa establecerá un calendario para sus reuniones y para presentar conclusiones.

El objetivo es alcanzar acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana e impulsar su efectividad a través de los procedimientos oportunos.

Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas, en su caso, a consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político.

Esta Mesa se coordinará con otros espacios de diálogo institucionales y parlamentarios ya existentes, que deberán potenciarse. Entre otros, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado recogida en el Estatuto de Autonomía de Catalunya y la Taula de Partits existente en el Parlamento de Catalunya".