Los magistrados de la Sección 30 han acordado desestimar los recursos contra el auto por el que "el juez transformó las diligencias en procedimiento abreviado para llevarlo a juicio" tras la conclusión de la investigación.

Cabe recordar que el citado auto se produjo tras la orden, el pasado mes de mayo, de la Audiencia de Madrid de reabrir el caso tras ser archivado al concluir que existían "indicios suficientes" como para entender la presunta comisión de los delitos imputados por el juez.

Los delitos por los que se les investiga son: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude. Todo esto en tiempos de Ana Botella, quien fue condenada a pagar, junto con siete altos cargos de su Gobierno, 25,7 millones por la venta de estas viviendas a un precio por debajo del que marcaba el mercado.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas absolvió finalmente a la ex alcaldesa con los votos favorables de dos consejeros propuestos por el PP: Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia durante la primera legislatura de José María Aznar, y José Manuel Suárez Robledano, presidente de la Sección de Enjuiciamiento y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

El Ejecutivo de José Luis Martínez Almeida obró para blindar a la exregidora, llevando al Consejo de Administración de la EMVS a no recurrir ante el Supremo. Pese a esto, la concejala del PSOE, Mercedes González, solicitó en noviembre que el Tribunal de Cuentas reconociera su legitimidad para interponer un recurso de casación como "vecina de Madrid".

Lo que investigan los magistrados es si la negociación "se llevó a cabo realizando los principios aplicables a la contratación pública y no mediante la creación de una mera apariencia de concurrencia libre", que no real "de eventuales compradores de la que se obtuviera el mejor precio posible en la vista de las circunstancias del mercado en ese momento".

"A tal efecto, no puede desconocerse que no hubo una concurrencia de eventuales compradores con carácter público ni una fijación previa del valor de los inmuebles desde el inicio del proceso de venta, salvo una valoración de los activos realizados por una consultora después de conocer una oferta de Blackstone", cita el auto.

Habría sido esta precisamente quien "recomendó, tras haberse contactado ya con potenciales compradores, fijar un rango potencial de venta y un proceso de venta competitivo, a partir del cual se publicitó la venta de promociones".