Este lunes, el consejero andaluz de Hacienda, Industria y Energía, hacía pública una carta remitida por el Ministerio de Hacienda que dirige Mª Jesús Montero en la que advertía a la Comunidad de Andalucía su incumplimiento con los requisitos establecidos por la ley para acudir a los mercados a solicitar financiación y le conminaba a adherirse al Fondo Autonómico de Liquidez y a enviar un plan de ajuste que resuelva los problemas de las cuentas públicas de la Comunidad. Desde el Ejecutivo andaluz se critica la medida e incluso hablaban de una intervención por parte del Estado. Sin embargo desde el Ejecutivo central niegan tajantemente esta posibilidad y aclaran que lo único que están haciendo es cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria como lo hacen con otras autonomías como Valencia o Extremadura.
El Ministerio de Hacienda ha publicado una nota en la que aclara el conflicto que se ha desatado con las autoridades de la Junta de Andalucía a raíz de la petición por parte de la Secretaria de Estado de Hacienda del cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en relación a las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma.
Desde el Ministerio explican que el pasado mes de julio Andalucía presentó un Plan Económico-Financiero para el periodo 2019-2020 que fue evaluado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En agosto se le pidió al Ejecutivo andaluz que oriente su política presupuestaria para cumplir con los objetivos de estabilidad.
El 30 de julio, según afirman desde el Ministerio, la Junta de Andalucía solicitó su adhesión al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para 2020. Por voluntad propia, el Gobierno andaluz pidió acogerse a los mecanismos extraordinarios de liquidez vigentes. La normativa establece que, en función del grado de cumplimiento de las reglas fiscales, las comunidades reciben el dinero a través del Fondo de Facilidad Financiera o a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Las obligaciones y consecuencias de estar en uno u otro compartimiento difieren.
La Secretaría de Estado de Hacienda comunicó el pasado 5 de diciembre que, teniendo en cuenta que Andalucía incumplió el objetivo de déficit y de deuda pública, quedaba adherida al Fondo de Liquidez Autonómica, lo que obliga a presentar un plan de ajuste “consistente con los objetivos de estabilidad y de deuda pública y con el plan económico-financiero que, en su caso, hubiera presentado, y que asegure el reembolso de las cantidades aportadas por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas”. Así se establece en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Hacienda no exige un plan de ajuste arbitrariamente a la Junta de Andalucía, sino que simplemente se limita a cumplir lo que marca la normativa y pide que se corrija las desviaciones registradas. Es competencia de la comunidad autónoma decidir cómo lograr el cumplimiento de los objetivos de estabilidad.
La nota del Ministerio explica que el 5 de julio de 2018 se aprobó el “Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se establecen las condiciones y el procedimiento para la salida gradual a mercados de las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas”. En ese acuerdo, se establece que las autonomías acogidas a los mecanismos extraordinarios de liquidez deben estar adheridas al compartimiento de Facilidad Financiera. Esta condición ya no la cumple Andalucía y por eso no puede recurrir a la financiación de mercado. Nuevamente, no existe arbitrariedad, sino el cumplimiento de la normativa.
Además, la emisión de deuda por parte de las Comunidades Autónomas siempre requiere la autorización del Estado, con independencia de que estén o no adheridas a los mecanismos extraordinarios de liquidez y que hayan cumplido o no las reglas fiscales.
Decir que una Comunidad Autónoma está intervenida por financiarse exclusivamente a través del FLA o de Facilidad Financiera es faltar a la verdad y, de hecho, esta ha sido la situación que han atravesado la mayoría de comunidades autónomas y Andalucía desde 2012 hasta finales de 2018.