El fiscal del Supremo, Javier Zaragoza, considera que "hay claros indicios" de que, entre los años 2013 y 2017, Borràs "abusó de su condición de directora de la ILC" para adjudicar "directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática", cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, a favor de Isaías Herrero, investigado por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona y con el que se ha acreditado que tenía una "relación personal y profesional".
El letrado ha solicitado al alto tribunal que declare su competencia para investigar a la diputada de JxCat, por su condición de aforada, por los delitos de "falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos".
Cabe recordar que el Supremo solicitó dicho informe el pasado 26 de noviembre después de recibir la exposición de la jueza de Barcelona, Silvia López Mejía, instando a abrir causa contra Borràs.
Zaragoza insiste en que en estos cuatro años "hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados" por la institución a favor de Herrero. Y no solo eso, ya que apunta a que Borràs y el propio informático "habrían confeccionado presupuestos falsos para que fueran aportados a cada uno de los expedientes de contratación a fin de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual".
Borràs intentó "enmascarar" su presunta ilegalidad
Con el fin de aportar una "falsa apariencia de transparencia", Herrero presentó tres presupuestos, "de los cuáles dos, como mínimo, eran falsos o simulados". Además, barajó ofertas de "empresas de terceros" para que éstas fueran las adjudicatarias, cuando en verdad era el informático "el que prestaba los servicios".
El fiscal concluye que Borràs y Herrero actuaron de "común acuerdo y de manera concertada" para defraudar a la ILC, mediante el "fraccionamiento ilegal" de los mismos en tramos de 18.000 euros, contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público.
Tal es el caso que Zaragoza expone en el documento que la diputada intentó "enmascarar" el fraccionamiento "ilegal" de los contratos informáticos, cuyos expedientes se iban a tramitar como contrato menores. Y añade que ambos realizaron la "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público".
Los "trapis" de Borràs y Herrero al descubierto
El informe incluye una serie de correos electrónicos entre ambos que acreditarían los indicios de delito. Uno de ellos es el de 28 de febrero de 2013 en el que la dirigente de JxCat le pide al informático que le pase los presupuestos del "Portal de las Letras Catalanas" para mirarlos "conjuntamente" y hacer "los retoques que sean necesarios".
También reproduce los e-mail enviados el 18 y 19 de julio de 2015 en el que Herrero pregunta si ocurre algo con las facturas y Borràs contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una, pero que no sufra porque el dinero lo tiene reservado y es para esto".
Asimismo, en otros mensajes entre el 27 y 28 de febrero de 2017, Herrero explica que ya tiene hechos dos de los tres presupuestos y que el "el del portal" lo ha elaborado "contemplando los 40.000 euros, siendo a la hora de facturar cuando se harán las pertinentes particiones de no más de 18.000 euros", a lo que Borràs contesta que "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA".
Herrero llega a reconocer a su socio, a través del correo electrónico, que "con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", en referencia al ILC y que tiene que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...".
Por todo ello, el fiscal asegura que la dirigente de JxCat "propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente el pago".