El Tribunal Supremo decidirá si Laura Borràs de Junts per Catalunya, es investigada por adjudicar a dedo contratos irregulares, cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanas (ILC), entre 2013 y 2017. El primer paso de la Sala de Admisión del Supremo ha sido recabar el informe fiscal para determinar si debe abrir una causa penal para investigarla, y en su caso, juzgarla dado su condición de aforada.

A Borràs se le atribuye la adjudicación de varios contratos a un amigo, el informático, Isaías Herrero al frente de ILC. Solo tres de los contratos tienen un valor de 45.550 euros, los investigadores sospechan que se dividió el coste de esos contratos en varios, que no alcanzan los 18.000 euros, el límite que la ley establece para que una administración contrate sin la necesidad de generar un concurso público.

La jueza acudió hace varios meses para cerciorarse de la condición de diputada de Borràs, y la Cámara le respondió que ese trámite solo se podía hacer ""desde los más altos cargos judiciales"", ya que solo el presidente del Tribunal Supremo puede pedir al Congreso el certificado de su condición como diputada.

Tras estallar el caso, la magistrada ordenó a los Mossos d"Esquadra un registro en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, información sobre un caso que estaba bajo secreto de sumario. Por ello, la jueza quitó a los Mossos de la investigación y puso a la Guardia Civil.

Borràs negó el pasado diciembre toda la irregularidad en la adjudicación de contratos y consideró ""rotundamente falsas"" las información que se le atribuían y señaló el ""rigor"" y ajustarse a la ley de todas sus actuaciones. También lamentó ser víctima de un ""linchamiento público"".