La esperada sentencia de la pieza política de los ERES, que ha supuesto un varapalo judicial para dos ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha sido el arma perfecta para una derecha desnortada desde la moción de censura que desalojo a Rajoy del poder. Poco ha tardado el principal líder de la oposición, Pablo Casado, para arremeter contra el presidente del Gobierno en funciones que en los años en los que ocurrieron los hechos juzgados era un simple concejal en la oposición del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

El presidente del PP, desde Zagreb, donde se celebra el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE), ha afirmado que el líder socialista debería dar “un paso atrás” tras la sentencia de los ERES para ser “coherente” con lo que en su día pidió a Rajoy cuando se conoció la sentencia Gürtel. No ha querido ser contundente el líder conservador, ya que podría haber pedido directamente la dimisión de Sánchez, pero no lo ha hecho porque sabe que los argumentos que utiliza para atacar al dirigente socialista se le pueden volver fácilmente en contra. De hecho, bien podrían ser usados, con más razón, contra su propia persona.

La derecha política y mediática española lleva días forzando la situación para tratar de convertir el caso de los ERE en la mayor trama de corrupción de España. Es más, el propio Casado dijo en Zagreb que desde esta semana el PSOE ha protagonizado “el mayor caso de corrupción de la historia de España”. Con ello, y a pesar de haber perdido dos eleciones seguidas, Casado continua con la estrategia que considera que repetir una mentira mil veces la puede convertir en verdad.

De poco sirve comparar tramas, sucesos o dinero defraudado si no se sacan las conclusiones apropiadas y se ponen los mecanismos necesarios para que no se vuelven a repetir hechos tan lamentables. Tanto la Gürtel como los ERES debieran abochornar a toda la clase política española ya que provocan una desafección tal en la ciudadanía que algunos electores reaccionan votando a opciones como VOX, un partido xenófobo, racista, machista, reaccionario y populista que roza la vergüenza democrática.

Pero tampoco es lícito querer tapar las vergüenzas propias con las ajenas. El PP aparece en la sentencia de Gürtel como partícipe a título lucrativo de los delitos que se describen y, además se añade que fue “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública”.

Los contratos públicos amañados y el cobro de comisiones ilegales supusieron millones de pérdidas de dinero público. Se acreditó más de 20 millones de euros amañados a favor de la trama corrupta, a los que habrá que sumar las cantidades que aún se investigan en otras piezas separadas de la causa principal.

Pero, lo más importante es que la justicia determinó que el dinero obtenido de forma ilícita se utilizó para financiar ilegalmente al Partido Popular mediante el pago de actos electorales. Es decir, que la sentencia apunta directamente al partido político.

Los condenados fueron cinco altos cargos del PP y otras 24 personas que desarrollaron su actividad mientras que Mariano Rajoy ocupaba altos cargos en la formación conservadora. El ex presidente del Gobierno tenía una clara responsabilidad en todo lo que ha probado ya la justicia. Fue director de las campañas electorales que se financiaron con fondos procedentes de la Gürtel, ocupó la vicepresidencia del Gobierno de José María Aznar cuando se inició la trama corrupta, e incluso aparecía en los papeles de Bárcenas, con aquel ya famoso “M. Rajoy” que le llevó incluso a comparecer como testigo.

Todo esto lleva a considerar que la posición que mantuvo el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, con Mariano Rajoy está más que justificada.

Ahora, Pablo Casado, cree estar en una situación similar a la que entonces vivió su adversario socialista. Pero la realidad es completamente distinta. Sánchez era un simple concejal del PSOE en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid cuando se comenzó a tramitar las ayudas de los ERES. Y en la década en la que se llevaron a cabo, llegó a ser diputado raso de los socialistas sin ninguna responsabilidad de gestión en la formación. Además, en la sentencia de los ERE no se nombra al PSOE en ninguno de los más de 1.800 folios de exposición por lo que se descarta la financiación irregular. Tampoco se ha puesto en duda que algún dirigente socialista haya podido llevarse ni un solo euro desviado.

En el caso de los ERE, la expresidenta andaluza, Susana Díaz, que llegó años después de que se produjeran los hechos investigados, explicaba este jueves que la Junta de Andalucía pagó 680 millones de euros para limitar las terribles consecuencias que se vivieron en Andalucía tras la reconversión industrial de los astilleros de Cádiz y Huelva y la crisis de Santana Motors en Jaén. Gracias a eso, 7.000 trabajadores andaluces pudieron cobrar ayudas (y siguen cobrando con el gobierno del PP) por sus obligadas prejubilaciones. Lamentablemente, con el fin de agilizar el sistema, se eludieron los sistemas de fiscalización que permitieron que 219 personas percibieran unas ayudas que no les correspondían. No se pone en cuestión, por tanto, el montante total de las ayudas, sino alrededor de 140 millones de euros que se desviaron del uso primigenio para el que se idearon dichas ayudas.

Las diferencias, por tanto, son abismales. Puestos a comparar, Pablo Casado tenía más responsabilidad en su partido mientras sucedió la trama Gürtel de la que tuvo Sánchez en la época de los ERES. Casado era el Secretario de Comunicación que dependía directamente de Mariano Rajoy.

JAVIER PÉREZ ROYO PONE EN DUDA LA SENTENCIA

Sobre la sentencia, hay juristas de reconocido prestigio como Javier Pérez Royo que consideran que hay una incompatibilidad entre el relato fáctico y la calificación jurídica. Ello le lleva a aseverar que la sentencia “raya en la ignorancia inexcusable”.

En un artículo publicado en Eldiario.es, Perez Royo considera que “El Tribunal se esfuerza en argumentar que los hechos que figuran como probados son constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación, pero no lo consigue. Y no lo consigue, porque no lo puede conseguir. Porque lo que no puede ser, no puede ser. Y en este asunto falta el presupuesto de hecho para que exista la calificación jurídica que el Tribunal pretende”.

En cualquier caso, en lo que todos los analistas coinciden es que tanto los dos involucrados principales, Juan Antonio Griñán y Manuel Chaves, como el propio partido socialista, no se embolsaron ni un sólo euro para su interés, ni personal ni partidista. Por ello, Pérez Royo y otros juristas, auguran que la sentencia, que va a ser recurrida, tiene muchas posibilidades de ser tumbada por el Tribunal Supremo.