El Instituto Nacional de Estadística comienza hoy su estudio para conocer cuales son los movimientos de los españoles a partir de los datos de sus teléfonos móviles, un trabajo que se realizará en ocho días repartidos durante los meses de noviembre, julio y agosto.

El objetivo es analizar los desplazamientos de la población durante cuatro días laborales, del 18 al 21 de noviembre; un domingo, el 24 de noviembre; un festivo, el 25 de diciembre; y dos días de verano, el 20 de julio y el 15 de agosto, también festivos. Los datos serán proporcionados por las operadoras de telefonía móvil Telefónica, Vodafone y Orange.

Una información que tradicionalmente se ha obtenido a partir de encuestas y del censo para, según el INE, ""saber dónde se deben prestar servicios públicos y dónde reforzar las infraestructuras"".

Ahora el Instituto, únicamente recibirá información sobre cuantos dispositivos hay en cada ""celda"" en la que se ha dividido el territorio nacional, sin que las operadoras ofrezcan información alguna sobre qué numeros se trata o quienes son los titulares. El territorio se ha dividido en 3.200 celdas, cada una de ellas con al menos 5.000 residentes, para cada celda el INE recibirá información de donde se encuentra el terminal en varios momentos del día. Con los datos recabados se analizarán aspectos como cuáles son los desplazamientos más habituales en el día a día, qué movimientos son los más comunes en vacaciones o medir la despoblación de la llamada ""España vaciada"".

Para que un destino se considere un destino común a efectos del estudio, el teléfono tendrá que estar durante al menos cuatro horas en dos de los cuatro días que durará el estudio, en la misma ubicación.

De este modo, los datos proporcionados por las operadoras no consistirán en dar posición de los teléfonos móviles, sino en el recuento de terminales que haya en un lugar a una hora determinada. Sin violarse la Ley de Protección de Datos.

Las compañías señalaron que respetan la normativa de privacidad de datos y que se envían a través de un proceso de anonimato y transmisión de datos personales, no siendo posible su identificación y en consecuencia, no se pone en riesgo su privacidad. Pese a ello, el estudio ha suscitado las quejas de numerosos usuarios quienes consideran que el IMEI, el identificador del teléfono, se trata de un dato personal y que por tanto, es una ""invasión de la privacidad"".

Por esta información el INE desembolsará a las compañías telefónicas unos 500.000 euros.