El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya juzga este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, acusado de un delito de desobediencia por no haber descolgado a tiempo los lazos amarillos del Palau de la Generalitat durante el periodo electoral de la anterior campaña de las generales del 28-A, tal y como le exigió la Junta Electoral. El president se enfrenta a una pena de 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa. En esta vista, el president ha reconocido que efectivamente "desobedeció porque no era posible obedecer una orden ilegal" y no reconoce la "egitimidad de la Junta Electoral Central.

La Fiscalía pide para Torra una pena de un año y ocho meses de inhabilitación al considerar que el President desoyó las órdenes de la Junta Electoral Central que le obligaban a descolgar las pancartas con los lazos amarillos y a favor de la libertad de los presos independentistas que lucían en Palau de la Generalitat. En este procedimiento también está personado Vox, que solicita su supensión durante dos años y una multa de 72.000 euros. El juez instructor aceptó el ingreso del partido ultraderechista en la causa previo pago de 15.000 euros de fianza.

La vista acabará este lunes con la declaración de Torra y policías nacionales que tendrán que confirmar que el president no descolgó la pancarta. También comparecerán la exconsellera de Presidència, Elsa Artadi; el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa; la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera; el excomisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, y el conseller de Interior, Miquel Buch.

El 25 de septiembre era la primera fecha en la que estaba fijada la vista, pero fue aplazada para tener tiempo suficiente para analizar las recusaciones que Torra presentó contra los tres magistrados del tribunal y que fueron rechazadas. Torra es el tercer President que afronta un proceso judicial relacionado con el procés , después de que lo hicieran Artur Mas por el 9-N y Carles Puigdemont por el 1-O.

Los representantes de JxCat, ERC y la CUP han mostrado su rechazo a la vista. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha sostenido que se trata de "otro juicio farsa" y que es "una vergüenza más del Estado" que Torra se siento hoy en el banquillo de los acusados. El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha añadido que es "una muestra más de represión" y ha advertido al Estado de que "ante la vulneración de derechos civiles, nos tendrá enfrente". Las filas de la CUP han llamado a la "movilización civil e institucional" en caso de que Torra sea condenado.