La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que incluye una serie de medidas urgentes por razones de seguridad en materia de administración electrónica, contratación de las Administraciones públicas y telecomunicaciones.

Calvo explicó que este real decreto, que se publicará el martes en el BOE y en el que están implicados 7 ministerios, afecta a ámbitos muy importantes, como “la preservación de nuestro DNI como único documento en la identificación de los españoles; que los servidores con los que operamos en nuestro país deban estar todos en territorio de la UE y no fuera en ningún paraíso digital; la garantía de acceso a los datos públicos y la protección de los mismos, incluso en el ámbito de la contratación pública, o la petición y utilización de datos sobre los ciudadanos y ciudadanas y con qué fines se tienen esos datos”.

“En definitiva, tenemos que identificar cada vez más y mejor y tener posibilidad de reaccionar ante las ciberamenazas, el espionaje, o la utilización de datos, en algunos casos, en procesos electorales”, explicó.

El presente Real Decreto-ley tiene por objeto regular este marco normativo, que comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública; y al sector de las telecomunicaciones.

La sociedad actual requiere de adaptaciones en la esfera digital que exigen de una traducción a nivel normativo. El desarrollo y empleo de las nuevas tecnologías y redes de comunicaciones por parte de las administraciones públicas se está acelerando. Ello exige establecer sin demora un marco jurídico que garantice el interés general y, en particular la seguridad pública, asegurando la adecuada prestación de los servicios públicos y, al mismo tiempo, que la administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos.

Gracias a la aprobación de este Real Decreto, el Gobierno podrá actuar con más celeridad ante proyectos que atenten contra el interés general como es la iniciativa de la Generalitat de Catalunya puesta en marcha hace un año con Identicat, su apuesta por desarrollar en internet una supuesta “republica digital catalana”. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves que su Ejecutivo no permitirá ninguna independencia “ni offline ni online”. Con esta nueva legislación se podrán tener los mecanismos necesarios para actuar ante una infracción como puede ser la cesión de datos de una Administración pública a entes privados.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que la urgencia de la aprobación de este Real Decreto está justificada ya que a pesar de tener una cita con las urnas el próximo 10 de noviembre es posible que pasen “días” o “semanas” hasta que se forme un nuevo Gobierno.

OTROS ASUNTOS APROBADOS EN EL CONSEJO DE MINISTROS

Asimismo, Calvo anunció que el Consejo de Ministros ha aprobado tres reales decretos para la aplicación de la PAC que van a permitir agilizar la gestión, favorecer la incorporación de nuevos titulares, especialmente jóvenes, y facilitar la agilidad en la respuesta a quienes sostienen nuestra industria agroalimentaria.

El Consejo también ha aprobado un real decreto que traslada subvenciones a Ceuta y Melilla para la respuesta a menores no acompañados por un importe de 2.345.000 euros para Ceuta y 4.103.000 euros para Melilla, y una subvención de casi 18 millones de euros para el Consell Insular de Mallorca para paliar los daños provocados por el DANA.

También se ha dado luz verde a dos acuerdos para pedir al Tribunal Constitucional dos incidentes de ejecución que tiene que ver con resoluciones que se han adoptado en la Mesa del Parlament de Cataluña y se ha pedido un informe urgente al Consejo de Estado para recurrir otra resolución pendiente en la que el Parlament debatió de manera formal una sentencia del Tribunal Supremo.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado el sellado definitivo de los pozos de gas Castor situados frente a las costas de Castellón y Tarragona, y ha dado su visto bueno a la encomienda que el Ministerio de Justicia ha hecho a la Abogacía del Estado para que se persone las causas penales que se sigan contra los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado por actuaciones en el ejercicio de sus funciones.