La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha confirmado que la abogada del Estado ha emitido un informe en el que considera que el Gobierno, a pesar de estar en funciones y sin un presupuesto aprobado, podrá realizar las entregas a cuenta del dinero que adeuda a las Comunidades Autónomas por la mayor recaudación de impuestos durante el año.

Está previsto que este próximo viernes, el Consejo de Ministros apruebe un Real Decreto que permita que en las próximas semanas las Autonomías reciban ya dicho dinero.

Tras las elecciones de abril y el bloqueo político que impidió la formación de un Gobierno tras la victoria electoral del PSOE, el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez trabaja para resolver un problema proveniente directamente de dicho bloqueo político.

Ahora la ministra ha confirmado que han encontrado una solución legal para resolver dicho problema. El hecho de que el Gobierno lleve en funciones alrededor de seis meses y, además, que siga con el presupuesto prorrogado del año hizo que el Ejecutivo consultara de forma verbal a la Abogacía del Estado para que resolviera las dudas existentes. La respuesta entonces, antes del verano, fue clara: El Gobierno al estar en funciones no podía dar ese dinero porque podría condicionar el presupuesto del nuevo Gobierno y por ello lo impedía.

Sin embargo, ahora, tras la convocatoria de unas nuevas elecciones generales y sabiendo que este año tampoco habrá presupuesto, el Gobierno ha hecho una nueva consulta a la Abogacía y esta vez ha pedido un informe por escrito. La abogada del Estado ha valorado ese cambio importante en la situación. A la altura del año en el que estamos, ya no se trataría de un adelanto de fondos con cargo al presupuesto de 2019 sino prácticamente una liquidación de dicho dinero. Y ha dado luz verde para que los 4.500 millones de euros recaudados de más sobre las previsiones iniciales lleguen a los Gobierno regionales que necesitan ese dinero para seguir prestando en las mejores condiciones posibles los servicios públicos como la educación o la sanidad.

La clave para que se deshiciera la posibilidad de entregar estas cantidades ha sido precisamente la parálisis política. Ya se sabe que probablemente 2019 acabe sin un nuevo gobierno pleno, o si lo hace será muy a finales del año por lo que los técnicos de Hacienda consideran que ahora, el pago del dinero que se adeuda a las Autonomías no resta margen de maniobra para el siguiente Ejecutivo.

MONTERO AFIRMA QUE LA TRANSFERENCIA SE PRODUCIRÁ “EN DÍAS”

La ministra de Hacienda en funciones ha afirmado que las entregas a cuenta en estas condiciones supondrán un “hito” y un “precedente” que se plasmará en la nueva ley de financiación que tiene previsto aprobar el Gobierno de Sánchez si gana las elecciones por la que se desligará estas entregas de los Presupuestos. La ministra ha afirmado que la aprobación del decreto ley será inminente y es cuestión de “días”. Además, ha añadido que con dicho decreto “se fortalece la autonomía de las comunidades que no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal para hacerles llegar el dinero de sus recursos”.

El PP acusa al gobierno de electoralismo

A pesar de que todas las autonomías, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, han celebrado que el Gobierno pueda finalmente traspasar las cantidades a cuenta a las respectivas regiones, el PP a nivel nacional ha vuelto a criticar la actitud del Gobierno de Sánchez. Consideran que se está utilizando este dinero con un fin electoralista y el propio García Egea ha exigido a Sánchez y a María Jesús Montero que deberían “pedir perdón” por haber retenido el dinero de las autonomías.

Egea ha manifestado que “Montero quería hacer política con este asunto y escudarse en la Abogacía del Estado y debería dar una explicación o retractarse y pedir perdón públicamente”.

Lo cierto es que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, lleva meses manifestando que su ministerio estaba trabajando para encontrar una solución. El bloqueo político ha llevado a Hacienda a una situación inédita. Si se había vivido una situación parecida con la repetición electoral de 2016. En aquel entonces, el entonces ministro Montoro retuvo varios meses el dinero a cuenta de la financiación autonómica para obligar así a los gobiernos autonómicos a hacer los ajustes que pedía para cumplir con las duras exigencias de recorte del déficit que impuso el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y ponía justamente como justificación el hecho de que su Ejecutivo estuviera en funciones para no traspasar ese dinero.