La bronca y el jaleo ha vuelto a la cámara legislativa regional de Cataluña. Los diputados de Ciudadanos acabaron abandonando sus escaños tras la expulsión del presidente del grupo parlamentario Carlos Carrizosa. Son escenas que nos retrotraen al pasado y a los meses más convulsos de la política catalana y española. Los partidos independentistas han comenzado su ‘cruzada’ ante la inminente publicación de la sentencia del ‘procès’ por el que fueron juzgados los dirigentes políticos de la Generalitat que convocaron el referéndum ilegal y aprobaron las denominadas ‘leyes de desconexión’.

En la sesión de ayer, los diputados catalanes votaron 77 propuestas de las que algunas podrían ser manifiestamente inconstitucionales. Junts per Catalunya, ERC y la CUP que controlan la mayoría de la cámara aprobaron entre otras, una propuesta que defiende “la legitimidad de la desobediencia civil e institucional como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados”. El texto de esa resolución también defiende el Parlament “ejerció el derecho a la autodeterminación”.

Otra de las polémicas propuestas aprobadas tiene que ver con la Guardia Civil. Los dos socios de Gobierno pedían la retirada del cuerpo armado ya que consideran que “se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales”.

La mayoría independentista también se impuso para comprometer al Parlament a trabajar a fin de conseguir una amnistía para los políticos presos, en caso de que sean condenados por el Supremo. Ciudadanos, PSC y PP votaron en contra, y Catalunya en Comú Podem se abstuvo.

EL GOBIERNO HA DECIDIDO IMPUGNAR VARIAS RESOLUCIONES

La ministra de Educación y portavoz gubernamental, Isabel Celaá, ya ha anunciado que el Ejecutivo impugnará varias de las resoluciones aprobadas por el Parlament “una vez que se publiquen oficialmente”. La dirigente socialista ha afirmado que “este Gobierno no está dispuesto a consentir ningún ataque al Estatut y a la Constitución. Nuestra propuesta es el diálogo dentro de la Constitución frente a quienes recorren el camino del desorden o incluso la violencia”.

El Gobierno ha rechazado también las declaraciones del presidente de la Generalitat Quim Torra que pedía la libertad de los siete miembros de los CDR acusados de integración en grupo terrorista y que ingresaron esta semana en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Delgado avisa que "no se dudará" en aplicar el 155 en Cataluña si "concurren las circunstancias"

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha afirmado este viernes que el Gobierno “no dudará” en aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña si “concurren las circunstancias”. Así de rotunda se ha mostrado la titular de Justica, pero ha manifestado que cree que no será necesario llegar tan lejos “es momento de pensar en que todo se encauzará razonablemente”.

Delgado ha adelantado lo que la ministra Celaá ya ha asegurado, que el Gobierno estudiará los contenidos de las resoluciones del Parlament para su posible impugnación.

La nueva polémica producida en el Parlamento catalán llega tras una semana convulsa en la que la Guardia Civil detenía a nueve personas a las que se les acusa de preparar acciones violentas y ataques a lugares públicos ante la sentencia del procés. Siete de ellos están ya en prisión acusados de delitos muy graves de terrorismo y tenencia de explosivos.

Los partidos independentistas han optado por ponerse de lado de las personas detenidas, pidiendo su puesta en libertad y denunciando la ‘represión’ del Estado. Sin embargo, las pruebas encontradas por la Guardia Civil son contundentes.

La próxima semana, con el 1-O por medio, se espera también complicada en Cataluña.