Con la llegada de septiembre todos nos despedimos de las vacaciones y vuelve la rutina que, en el PP de Madrid, a tenor por lo ocurrido en los últimos años, consiste en lidiar con los numerosos casos de corrupción que aún se investigan en los juzgados y que poco a poco van aclarando las responsabilidades jurídicas de decenas de personas que han ocupado cargos de responsabilidad en la administración madrileña.

El periódico El Confindencial adelantaba este fin de semana que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón podría imputar a las expresidentas del PP Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por su presunta participación en la trama de corrupción de caso Púnica que tiene que ver con la financiación irregular del partido conservador durante más de una década en la Comunidad de Madrid.

El magistrado llamará a declarar a las dos ‘lideresas’ del PP en virtud a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que considera que hay indicios más que suficientes para demostrar que ambas dirigentes estaban al tanto de la trama tejida en su partido para conseguir fondos de manera fraudulenta que sufragaran las campañas electorales del partido en Madrid.

Junto a las dos ex presidentas también se podría ver en los juzgados a otros cuarenta imputados entre los que se encontrarían los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemes. Además, el magistrado tienen previsto interrogar a personas relevantes de las empresas que, supuestamente, participaban en la trama como Indra.

El juez investiga y trata de esclarecer las responsabilidades de cada una de las personas imputadas en la caja B de la formación en la región dentro del caso Púnica y de otras piezas separadas de la causa como Cofely o la que investiga las posibles irregularidades en la concesión de la construcción de centros escolares en los municipios de Madrid.

Por el Juzgado Central de Instrucción 6 pasarán los protagonistas de más de una década de supuestas irregularidades que acababan con jugosas comisiones en las aras del PP madrileño y que servían para financiar sus campañas. Solo en este caso se estima que la cantidad defraudada podría superar el millón de euros. El ‘modus operandi’ siempre era el mismo: Las empresas conseguían grandes contratos con la administración y como contraprestación hacían donaciones que acababan en la cuenta del PP.

A las expresidentas autonómicas también les acompañará otro expresidente, también del PP, Ignacio González, que ya está imputado en esta causa y que el juez podría volver a llamar para declarar. Igualmente, no sería de extrañar que uno de los cabecillas de la trama, Francisco Granados, vuelva a declarar.

La Fiscalía apunta a que Esperanza Aguirre era conocedora de todo este entramado ya que sería imposible lo contrario, por el cargo que desempeñaba. La dirigente no solo era la máxima autoridad de la Comunidad de Madrid sino que también era presidenta de su partido y estaba directamente vinculada con organizaciones como Fundescam que se utilizaba para recibir estos fondos opacos.

En el caso de Cifuentes, en aquellos años ocupaba la secretaría de Política Territorial del partido y en 2007 fue la responsable de movilización de la campaña para las elecciones de ese año, justo para lo que se utilizaba el dinero sustraído.

Esta macrocausa judicial acumula más de 200 investigados y está separada en 16 piezas. Ahora, según apunta El Confidencial de fuentes judiciales, se quiere reducir 11 dichas causas. El inicio de estas investigaciones comenzaron con las pesquisas realizadas a Francisco Granados y su relación con el empresario David Marjaliza y a partir de ahí se fue ampliando la investigación hasta dar con otras ramas ubicadas en León o en Murcia.