Los magistrados brasileños consideran que la petición de extradición del Gobierno español cumple con los requisitos de doble tipicidad y doble castigo y que, además, la causa por la que se reclama a García Juliá no es por crímenes políticos, sino delitos comunes. La fiscal general, Raquel Dodge, aseguró que la solicitud no fue presentada “con el propósito de hostigar o castigar al extraditado por sus opiniones políticas”.

Carlos García Juliá era integrante del grupo terrorista de extrema derecha que realizó la matanza de los abogados de Comisiones Obreras en Atocha en 1977. Fue detenido en marzo de ese año y condenado como autor material de cinco asesinatos, tres asesinatos frustrados y tenencia de armas. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir del país.

Desde entonces se encontraba huido de la justicia en países como Chile, Argentina, Venezuela y por último Brasil, donde ha sido capturado. En España le quedan pendientes más de 3.800 días de prisión (algo más de diez años) después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.