No obstante, en los últimos meses, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha emitido tres dictámenes de condena contra España por no prestar protección a los menores inmigrantes.
En el caso de N.B.F., natural de Costa de Marfil, quien fue interceptado en 2017 cuando intentaba entrar en España en una patera, el Comité de la ONU dictaminó que la determinación de la edad es un proceso “de vital importancia”, pues de su resultado depende que se aplique o no la Convención de los Derechos del Niño.
El certamen advierte de que este proceso debe incluir suficientes garantías tales como la posibilidad de apelar el resultado y la presencia de un representante legal del menor. “Mientras dichos procesos siguen abiertos, deberá darse a la persona el beneficio de la duda y tratarla como a un niño o una niña. El comité considera que el mejor interés del niño debería ser una consideración primordial durante todo el procedimiento de determinación de la edad”, agrega. Es decir, hasta que acabe el proceso, el presunto menor no puede ser ni abandonado en la calle, ni internado en un centro de adultos, ni expulsado.
El Parlamento europeo condenó en 2013 los métodos utilizados en España para determinar la edad de los inmigrantes como las radiografías de muñeca por considerarlos invasivos, inadecuados y poco fiables, mientras que la ONU reclama “una evaluación global del desarrollo físico y psicológico del niño, llevada a cabo por pediatras y especialistas”.
Jennifer Zuppiroli, experta de la ONG Save The Children, subraya que “es mejor que un mayor de edad sea tratado como menor que al revés”; y no descarta que se pudieran pedir responsabilidades penales a aquella Administración que deje desprotegido a un niño que pueda ser víctima de abusos sexuales, explotación o trata.
El pacto entre el PP, Cs y Vox, advierte, “vulnera el principio de presunción de minoría y habría que ver cómo encaja con lo previsto en la Ley de Extranjería”. Según su artículo 35, “en los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor”.