El coste para el usuario sería "simbólico", en torno a "la décima parte de lo que ahora paga de media en las autopistas de peaje", tal y como han informado fuentes socialistas a El País.

El objetivo sería reducir el peaje de las autopistas que aún están en manos privadas, aunque la medida debería consensuarse en el Congreso y con las comunidades autónomas.

El ministerio dirigido por José Luis Ábalos se encuentra barajando diversos modelos de financiación de las autovías, algo para lo que buscará un consenso político con el fin de establecer una fórmula con la que garantizar financieramente el mantenimiento de las autovías.

Este servicio tiene un coste anual para el Estado de 1.100 millones de euros, algo que se reduciría drásticamente con esta medida y cuya recaudación también iría destinada a rebajar los peajes tradicionales de los territorios que tienen autopistas en los que aún está vigente una concesión.

Los anteriores ejecutivos han preferido prorrogar, hasta ahora, las concesiones a las empresas privadas antes de que la titularidad volviera al Estado.

Cabe recordar que el Gobierno ya suprimió el peaje de la AP-1 de Burgos-Armiñón, que venció en diciembre de 2018. Además, el próximo 1 de enero de 2020 se suprimirá el cobro en dos autopistas, el tramo de la AP-7 comprendido entre Tarragona y Alicante, y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, al concluir en esa fecha el contrato de concesión.

Por último, UGT recordaba el pasado mes de julio que son 1.500 los puestos de trabajo que se podían perder por la liberalización de varios peajes de aquí a 2021, ya que, como ocurrió con la AP-1, la sociedad estatal Seitssa, que asume la gestión de las autopistas cuando vence su concesión, no puede subrrogar todos los empleos.