Los legisladores italianos emitieron un decreto para multar a las embarcaciones u organizaciones que busquen o rescaten a los migrantes que lleguen a sus aguas territoriales tras cruzar el Mediterráneo, aumentando así el riesgo que corren esas personas y poniendo en peligro el futuro de las operaciones cuyo único objetivo es salvar vidas. Esta decisión del Parlamento italiano llega justo cuando otros países europeos han suspendido las actividades de rescate de migrantes y refugiados en el mar.

La Agencia subrayó el papel invaluable de las ONG para salvar las vidas de refugiados y migrantes y afirmó que no se debe criminalizar o estigmatizar el compromiso y la conciencia humanitaria que las motiva a realizar estas actividades.

Asimismo, recalcó que no se debe pedir a los navíos comerciales o de ONG que desembarquen a las personas rescatadas en Libia o que las entreguen a la Guardia Costera de ese país, ya que la volátil situación de seguridad y el conflicto hacen de la nación norafricana un sitio inviable para la seguridad de los migrantes y refugiados, que son confinados en centros de detención donde se reportan violaciones graves de derechos humanos.

En este contexto, ACNUR urgió a los Estados a aprovechar las discusiones que tuvieron recientemente en París para establecer un acuerdo temporal que permita desembarcar a las personas rescatadas en el mar y que reparta entre los diversos países la responsabilidad de acoger y responder a las necesidades específicas de los migrantes y refugiados.

Este llamamiento coincide con la noticia de que unas 20 personas habrían muerto en los últimos días en el intento de cruzar el Mediterráneo en un bote, según los sobrevivientes de esa tragedia que llegaron a la isla italiana de Lampedusa.