El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña procesa al president de la Generalitat por desobedecer a la Junta Electoral y no retirar los lazos amarillos durante la pasada campaña electoral de las elecciones.
El jefe del Ejecutivo Catalán, Quim Torra, tendrá que dar explicaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central y no retirar los lazos amarillos y las ‘esteladas’ de los edificios públicos durante la pasada campaña electoral.
A través de un comunicado, el TSJC ha informado que la causa abierta por una querella de la Fiscalía se ha transformado en un procedimiento de diligencias previas de un procedimiento abreviado.
En el escrito determinan que los hechos investigados pueden ser un presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, de denegación de auxilio a la autoridad competente y abre un trámite para que las partes presenten petición de apertura de juicio oral a través de un escrito de acusación o, si correspondiera, de sobreseimiento.
El magistrado del TSJC de la Sala Civil y Penal ha desestimado también la petición de sobreseimiento presentada por el abogado del presidente catalán.
Por tanto, con esta decisión, Quim Torra está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por el delito de desobediencia.
La Fiscalía Superior de Cataluña presentó el pasado 27 de marzo una querella contra el presidente del Gobierno catalán alegando una “desatención deliberada” a la orden de la Junta Electoral Central por no acatar la orden de retirar de los edificios públicos elementos “de naturaleza ideológica y partidista, representativa solo de postulados de una parte de la sociedad”, tales como son los lazos amarillos y las esteladas.
El primer acuerdo de la JEC otorgaba a Torra un plazo de 48 horas para la retirada de esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos con el objetivo de cumplir con el deber de neutralidad de los poderes públicos ante las elecciones del 28 de abril.
Ante la negativa de Torra, el órgano supervisor de procesos electorales le advirtió de “las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si no cumplía el acuerdo”.
Esta advertencia se ha traducido, tres meses después en el procesamiento de Torra que, si se abre juicio oral, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.