Bilbao ha acogido este miércoles la inauguración de Biscay ESG Summit, y ha contado con la presencia de Teresa Ribera, ministra en funciones para la Transición Ecológica, quien ha ofrecido un discurso centrado en la inversión responsable.

Durante su discurso, Ribera ha destacado que la transición hacia un futuro sostenible, consistente en cero emisiones netas, ofrece una oportunidad al sector financiero para reconectar su actividad con las necesidades de la economía real además de asegurar su viabilidad en el medio y largo plazo.

La ministra ha defendido también el trabajo del Gobierno de España en cuanto a la normativa española para la promoción de finanzas sostenibles con la de otros países pioneros en este proceso, apostando por la elaboración de la Agenda Estratégica de Finanzas Sostenibles.

Asimismo, ha considerado necesario avanzar en el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, recordando a los asistentes que el pasado martes se dio a conocer el informe del grupo de trabajo europeo que ha desarrollado los principios de una taxonomía “que nos permita saber de qué hablamos cuando nos referimos a finanzas sostenibles”.

En este sentido, según Ribera la UE podría jugar un papel clave de cara a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París: “Este 2019 es el año de elevar la ambición climática. En los próximos días se debatirá por qué Europa debe aspirar a la neutralidad climática en 2050 y cómo ser, en definitiva, más ambiciosos a medio y largo plazo. Los objetivos a 2030 se han quedado desfasados”, ha señalado.

Para la ministra, los próximos quince años van a suponer “un momento clave” en la historia económica. Según indica, se esperan inversiones de unos 90 trillones de dólares americanos de aquí a 2030 en infraestructuras a nivel global. También en España, el Marco Estratégico de Energía y Clima movilizará 236.000 millones de inversión pública y bajo modelos de colaboración público-privada.

El impulso a la descarbonización de la economía prevé aumentar entre 19.300 y 25.100 millones entre 2021 y 2030 el Producto Interior Bruto, un 1,8% en 2030 respecto a un escenario sin las medidas del Marco, y generará entre 250.000 y 364.000 nuevos empleos de calidad entre 2021 y 2030.

“Una de las medidas que el Gobierno contempla para financiar parte de la inversión pública es la emisión por parte del Tesoro de bonos verdes. Supondrá un impulso para que el sector privado apueste por este instrumento, fundamental para financiar la transición ecológica”, afirmaba.

Por otro lado, Ribera ha afirmado que hay estudios que muestran cómo las empresas que incorporan en su organización criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG, su acrónimo inglés), suelen realizar una mejor gestión de sus riesgos y registran beneficios mayores que sus competidoras, con efectos favorables sobre el precio de la acción.

Por este motivo, la ministra ve necesario el establecimiento de unos criterios mínimos sobre la integración de los factores ASG. “Los pasos que demos ahora serán determinantes para anclar este proceso de cambio de manera ordenada y asegurar que en un futuro no se den pasos atrás”, añadía.

Ribera ha aprovechado su intervención para afirmar que el sector financiero “ha entendido el reto que supone el cambio climático que pone en riesgo la estabilidad de la economía global”. Debido a ello, señala que “hay que activar el mercado y desincentivar los activos intensivos en carbono”.

“Es preciso avanzar hacia un modelo de desarrollo neutro climáticamente pero también socialmente beneficioso e inclusivo si queremos que este proceso de cambio prospere. Por ello, debe diseñarse de manera que se maximicen las oportunidades para todos, sin dejar a nadie atrás”, afirmaba.

En este sentido, Ribera ha destacado la “voluntad clara por parte de grandes inversores y de grandes fondos, a medio y largo plazo, de cambiar e integrar el riesgo climático en sus decisiones”. Asimismo, ha citado ejemplos como la posición del Banco de Inglaterra, que anunció la incorporación del riesgo climático en las pruebas de estrés del sector de los seguros, o la decisión del Fondo Soberano de Noruega, que supone una significativa desinversión en combustibles fósiles y la mayor apuesta de inversión en energías renovables realizada hasta la fecha.

“Esperamos que nuestro país tenga capacidad de resultar atractivo y dar confianza suficiente como para que parte de esa reinversión venga a nuestro territorio”, ha apuntado.

Según indicaba la ministra, se ha constatado un creciente interés en las finanzas sostenibles en España. Solo un 17% de las entidades no tienen ninguna inversión sostenible en sus carteras, y un 54% dedica entre un 1 y un 20% a este tipo de operaciones. En un 25% de los inversores institucionales, la presencia de inversiones sostenibles es mayoritaria.

“Se está aceptando cada vez más que la rentabilidad de los productos sostenibles es similar a la del resto de inversiones, o incluso mayor”, señalaba una ministra esperanzada en que el sector financiero español integre la gestión de los riesgos climáticos como un riesgo financiero más en sus estrategias de negocio.

Así pues, ha recordado que ya se están activando algunas palancas como la primera emisión de bonos verdes por parte del Instituto de Crédito Oficial por importe de 500 millones de euros el pasado mes de abril, una demanda que superó los 3.400 millones de euros, seis veces el importe de la emisión, lo que pone de manifiesto el interés de los inversores.

“La agenda de la sostenibilidad no es una cuestión estética, sino que debe ser integrada de manera estructural en las políticas, si se quiere maximizar sus beneficios en el medio y largo plazo. Políticas estables y ambiciosas deben acompañar y guiar las inversiones para ordenar la transición ecológica y dar confianza para, así, aportar solvencia al cumplimiento del objetivo de mantener el calentamiento global en el límite de seguridad del 1,5ºC. España, como ya está demostrando, está dispuesta a dar la batalla de la mano del sector financiero”, ha concluido.