El Partido Popular de Pablo Casado está en horas bajas. Tras su debacle electoral, tanto en las elecciones generales del 28-A, como en las europeas, autonómicas y municipales del 26-M, se enfrenta a un nuevo escarnio público: el polémico juicio por la destrucción de los ordenadores del ex tesorero de la formación, Luis Bárcenas, podría ser televisado.
Para evitar que la deteriorada imagen del Partido Popular siga degradándose, la formación ha movido ficha y ha pedido al juez que no se televise el juicio, ya que “no hay interés social que justifique la emisión”, además, alegan que los acusados “son personajes anónimos que quieren seguir en el anonimato”.
Este martes se ha dado a conocer que la defensa del PP ha registrado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid para solicitar que no se retransmita en directo el juicio previsto a partir del próximo 14 de junio, porque entiende que no hay razones de "transparencia del proceso" que pudieran justificar tal medida.
Hay que recordar que el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había solicitado la emisión de las sesiones de este juicio en "aras de la transparencia judicial" y dado "el interés social" del procedimiento en el que el PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán se sientan en el banquillo por la destrucción "a conciencia" de los ordenadores que Luis Bárcenas usaba en la sede del partido.
El PP se opone a lo que “se convertirá en un juicio paralelo”
Los populares consideran que "la verdadera motivación que parece subyacer a la petición del Gabinete de Comunicación del TSJM es la realización de un juicio mediático que ocasionaría el escarnio público de los acusados" y que "intensificaría la pena de banquillo a la que llevan sometidos desde su imputación en la presente causa".
La defensa de la formación afirma que la emisión "vulnera los derechos a la intimidad, a la propia imagen y al honor" del Partido Popular "y muy especialmente de su representante especialmente designado así como del resto de intervinientes, que no son políticos ni personajes públicos, sino personas anónimas que desean conservar su anonimato".
El escrito asegura que este proceso "pone en riesgo el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y el correcto desarrollo del proceso, por el componente intimidatorio inherente a la presencia de medios audiovisuales en la sala que están retransmitiendo el juicio en directo" y "podría incluso llegar a afectar al derecho a la presunción de inocencia de los acusados" porque se generaría un "juicio paralelo" en los medios de comunicación "y en la sociedad".
El PP insiste en que el derecho a la información se cubrirá con la presencia de periodistas en la sala, ya que "no necesitan la utilización de medios audiovisuales para proporcionar una información veraz a la ciudadanía". Y, por si acaso la petición no surtiese el efecto deseado por la formación, ha pedido que se adopten medidas para que, a través de las imágenes no se puede identificar los rostros de los acusados, testigos, peritos y demás intervinientes, "en especial, del representante especialmente designado del Partido Popular que será un abogado externo ajeno al partido".