Una de las primeras medidas del gobierno socialista de Pedro Sánchez tras la moción de censura fue iniciar los trámites de exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos en virtud de la Ley de Memoria Histórica y del mandato del Congreso de los Diputado. La idea es convertir el polémico monumento en un lugar de “memoria y reconciliación”, y también dejar de rendir tributo al militar dictador que acabó con la República y mantuvo una sangrienta dictadura durante 40 años.

Sin embargo, la familia del dictador, en concreto sus nietos, ha ido poniendo trabas a la medida para obstaculizar por todos los medios posibles la salida de los restos de su familiar del mausoleo en el que se encuentra. Tanto los familiares como la Fundación Nacional Francisco Franco han reusado desde junio de 2018 hasta la fecha hasta en 14 ocasiones a los instructores del expediente administrativo que debe llevarse a cabo para la exhumación, con ello han ralentizado el proceso. También han pedido honores militares para el nuevo entierro y se han negado a fijar un nuevo espacio en el mismo, llegando, incluso a solicitar que la inhumación se produzca en la catedral de La Almudena donde la familia tiene un panteón. El Ejecutivo tuvo que vetar las intenciones de los Franco que intentaron que los restos de su abuelo pasaran a estar en el centro de Madrid con el evidente riesgo para la seguridad ciudadano y la movilidad.

Todas estas trabas han sido los principales motivos por los que el Gobierno socialista no haya podido aún cumplir su promesa de la exhumación. El presidente Pedro Sánchez anunció en su día que el 2018 sería el último año en el que se mantendrían los restos de Franco en el Valle, sin embargo, el proceso se ha ido dilatando en el tiempo.

Antes de las elecciones, en una de las últimas reuniones del Consejo de Ministros se estableció junio como el mes definitivo para la exhumación. Ahora, con la decisión del Tribunal Supremo todo hace indicar que la medida volverá a dilatarse en el tiempo.

Según el Supremo, la razón en que descansa la decisión que han tomado es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes (los familiares del dictador) y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se serían gravemente afectados si, exhumados los restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan.