Al poco tiempo de entrar en el Ayuntamiento de Madrid en 2015, Manuela Carmena comenzó a poner fin y solucionar todos los problemas e irregularidades detectadas durante el gobierno de la ex alcaldesa del PP, Ana Botella. Una de estas irregularidades fue la venta entre 2012 y 2013 de 1860 viviendas, 1797 plazas de garaje y 1569 trasteros a un fondo buitre muy por debajo del valor real del precio de mercado, una operación que se cerró en 128,5 millones de euros y ocasionó un daño patrimonial al consistorio de la capital de 55 millones de euros. En aquel momento, en plena crisis, el consistorio necesitaba hacer frente a la incalculable deuda acumulada desde las obras faraónicas del anterior alcalde popular, Alberto Ruíz Gallardón.

Las viviendas, que en su día se encontraban en régimen de alquiler por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), pasaron a manos de la empresa Fidere, que tramitó la compra a través de dos fondos buitre que, a su vez, más tarde se supo que están vinculados a la familia Aznar-Botella.

En 2017, Carmena ordenó a sus concejales Marta Higueras y José Manuel Calvo presentar ante el Tribunal de Cuentas una demanda contra la ex alcaldesa y todo su equipo de Gobierno, además de luchar por declarar nula la venta de las viviendas a estos fondos buitre.

A finales de 2018, el Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid redactó un informe en el que reconocían punto por punto lo ya establecido por la Cámara de Cuentas. Según afirmaban, la venta se realizó “dando información privilegiada a los fondos, sin la existencia de pliegos de condiciones de venta, sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar que se ha fijado por un acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudio o tasaciones previas que fijaran dichos valores”. Por lo que reconocía que el precio de venta fue “inferior al mínimo jurídicamente exigible”. Por tanto, se determinó que dicha venta vulneraba “las más elementales reglas de buena gestión y administración de bienes ajenos y además afectados al cumplimiento de fines sociales e intereses públicos”.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas acabó condenando a Botella y su equipo, formado por Fermín Oslé, Concepción Dancausa, Diego Sanjuanbenito, Pedro Corral, María Dolores Navarro Rey, José Enrique Núñez y Paz González, a pagar un total de 22.711.518 millones de euros, lo que significaba un desembolso individual de unos tres millones de euros. A esta cantidad, se le sumaban otros tres millones de euros a Oslé, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

Sin embargo, la sentencia no era firme y podría ser recurrida en un plazo de quince días, cosa que no tardaron en hacer los acusados a través de una nota pública en la que aseguraban que su Gobierno “no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de viviendas, solo en su calidad de Junta General de Accionistas de la citada mercantil”.

Los socialistas tampoco tardaron en manifestarse al respecto. Afirmaron que, además del daño patrimonial al consistorio, también sufrieron daños muchas familias, las cuales se quedaron sin casa o tuvieron que pagar de más por ella. Por este motivo, interpusieron una demanda por la vía penal que, de darse la razón, supondría una compensación ellas.

A principios de este año 2019, el Juzgado de Instrucción nº38 de Madrid archivaba la causa sobre los ‘fondos buitre’ al no ver indicios suficientes de fraude, malversación y/o prevaricación, algo que tanto PSOE y como la Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas de la EMVS recurrieron de inmediato, ciñéndose en la sentencia del Tribunal de Cuentas en la que se les condenaba a pagar 23 millones de euros. Pero el Juzgado volvió a archivar la causa.

Paralelamente y tras el planteamiento del Ayuntamiento de recuperar las viviendas obtenidas mediante esta venta fraudulenta, presentaron en abril de 2018, un proceso de nulidad de la que se estuvo encargando la concejala Higueras. Propuso una audiencia pública a las partes afectadas y a todo aquel que considerara que tenía algo que aportar en este caso. Sin embargo, para poder llevarlo a cabo, se necesitaba contar con un informe favorable de la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid que, en su momento, estaba gobernada por el Partido Popular, quienes concluyeron que “no se hizo nada fuera de la ilegalidad”. A pesar de ello, a finales de año, se anunció recurrir de nuevo dicha sentencia.

El último paso de esta, parece ser interminable, batalla judicial, se ha producido este martes 28 de mayo. Tras varios recursos presentados, la Audiencia Provincial ha decidido reabrir el caso, basando su decisión en el informe del Tribunal de Cuentas de Madrid de 2018, en el que, al parecer, sí existían indicios suficientes como para entender que los investigados “pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos” por la venta de 1.860 viviendas públicas.

Sin embargo, a pesar de que el Tribunal de Cuentas condenaba a la Ana Botella y a su junta de gobierno al pago de 23 millones de euros para restituir el daño –cifrado en 55 millones de euros–, la resolución actual de la Audiencia Provincial no hace mención alguna de la ex alcaldesa.