La Sala responde al escrito de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, que no puede elaborar el informe que se le requiere y deja en manos de la Mesa de la cámara baja la decisión sobre la suspensión de los derechos de los diputados catalanes que están siendo procesados en el Supremo por los hechos del ‘procès’.
Lo primero que hizo la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, tras su nombramiento, fue remitir un escrito al Tribunal Supremo para que fuese la Justicia la que suspendiera los derechos de los diputados catalanes que están siendo procesados en al Tribunal Supremo por los hechos ocruridos en el llamado ‘procés catalán’ que entre otras cosas llegó a realizar una Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña. Batet pidió un informe jurídico para que la Mesa de la Cámara tenga la seguridad jurídica de que hace lo legalmente establecido.
La pelota vuelve otra vez al Congreso ya que el Supremo ha contestado que no puede elaborar el informe solicitado. La Sala Segunda del Supremo, que enjuicia a los acusados y que desde el pasado martes son diputados en posesión de su acta, ha remitido este jueves un oficio a la presidenta de la cámara, Meritxel Batet, en el que insiste en los argumentos que ya ofreció en un auto el pasado 14 de mayo. El oficio señala que la causa penal seguirá su curso en el Supremo y que es misión del tribunal salvaguardar los fines del proceso.
En cuanto al informe sobre la posible aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los acusados en ese procedimiento que han resultado elegido diputados, solicitado por la presidenta del Congreso, la Sala indica que “la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido”.
Este miércoles, la propia Batet explicó que su pretensión con la petición de un informe al Supremo era aclarar “qué pueden hacer o no hacer” en el Parlamento los cuatro diputados que están siendo procesados. Para la socialista, lo adecuado era que se fijara un criterio para toda la legislatura ya que lo que les ha llegado del Supremo solo se refería a lo que podían hacer los cuatro diputados solo el día de la sesión constitutiva.
Batet afirmó que “creo que la función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial, que es quien ha determinado siempre en qué situación quedan las personas en prisión preventiva”.
Con la contestación del Supremo que niega las explicaciones que se le pedían desde el Congreso hace que ahora la Mesa de la cámara baja tenga que decidir lo antes posible si anula los derechos de los parlamentarios procesados. Hoy mismo, la Mesa del Congreso está citada para celebrar su primera reunión y posiblemente decida suspender a los diputados catalanes ya que no pueden ejercer sus funciones de forma normal por su condición de procesados y en situación de prisión preventiva.
Se ha decidido, así mismo que se proceda a consultar al cuadro jurídico de la Cámara ya que se ha filtrado que podría haber divergencias entre ellos. Los letrados, no obstante, estarán a lo que digan los miembros de la mesa, como lo han hecho siempre.