Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, ha puesto en conocimiento el pasado martes 14 de mayo en Toledo, tras la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, que actualmente no hay ninguna normativa ni legislación en la Comunidad Autónoma referente a la ordenación del Tercer Sector Social, una ley que considera “necesaria, importante y que va a establecer un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran el Tercer Sector Social en nuestra comunidad”.

Según ha anunciado la consejera, te trata de una Ley “sencilla y concreta”, con cuatro capítulos, 13 artículos, cinco disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Son cuatro los objetivos fundamentales de la norma: definir el Tercer Sector Social en Castilla-La Mancha, impulsar la cooperación y la colaboración de las entidades sociales entre sí y con relación al sector público, crear una comisión para el diálogo civil, y regular el desarrollo de una estrategia de promoción.

Este anteproyecto de ley identifica el Tercer Sector Social como el conjunto de entidades de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que dan respuesta a criterios de solidaridad y participación social, con fines de interés general y sin ánimo de lucro. Además, impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales o culturales, especialmente para personas o grupos vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Además, Sánchez ha dado a conocer al Consejo de Gobierno el mapa del Tercer Sector de la región según un estudio realizado el pasado mes de noviembre por EAPN, que recoge una horquilla entre 3.500 y 5.000, ya que “hay unas 5.000 entidades registradas, de las que unas 3.500 están activas”. En su totalidad, cuentan con más de 6.000 personas contratadas, y el 81% de las entidades cuentan con personal voluntario y atienden a más de 385.000 personas de la región.

Con esta norma se pretende contribuir a que la Administración regional sea más abierta y participativa con la sociedad civil, en todas las áreas en las que está presente el Tercer Sector Social, como serían los servicios sociales, la dependencia, la sociosanitaria, la socioeducativa, la sociolaboral, el desarrollo rural o la cooperación internacional.

El anteproyecto de ley creará una Comisión para el Diálogo Civil, donde estarán representadas tanto la Administración autonómica como la Mesa del Tercer Sector Social, con el objetivo de impulsar un foro de diálogo, colaboración y cooperación permanente, además de coordinar todas las acciones y derechos sociales “que hay que impulsar en nuestra región, y como novedad, a diferencia de otras leyes existentes, en nuestra región esta ley será paritaria, es decir, tendrá un representación igualitaria de hombres y mujeres”, ha dicho.

Asimismo, se creará también una Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social, con vigencia de cuatro años, que “garantizará la participación de las entidades del Tercer Sector para que puedan continuar gestionando proyectos, fundamentalmente con los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”.

Finalmente, la consejera ha señalado que el Consejo de Gobierno dará a conocer esta ley al Consejo Consultivo “para que un futuro pueda volver al Consejo de Gobierno y se pueda presentar en las Cortes de Castilla-La Mancha”.