Implantar el SDDR para los envases

La gestión de residuos es uno de los mayores problemas para las instituciones municipales, dice Ecologistas en Acción. La organización pide una "apuesta decidida" por buscar sistemas de tratamiento de residuos "más sostenibles", como modelos de recogida puerta a puerta, contenedores exclusivos para la materia orgánica, pago por generación, centros de reparación y reutilización o recogidas complementarias de residuos comerciales o aceites vegetales usados.

Destaca la llamada a implementar "Sistemas de Depósito Devolución y Retorno de envases" que, aseguran, "obtienen porcentajes de recogida por encima del 90%". El SDDR es uno de los sistemas complementarios al reciclaje que se utiliza en países como Alemania y Noruega y que han intentado poner en marcha la Comunidad Valenciana y algunas ciudades españolas.

Consiste en devolver los envases al comercio a cambio de recuperar una pequeña cantidad de dinero depositada anteriormente. Una gran polémica rodea a ambos sistemas y ha provocado la proliferación de asociaciones a favor y en contra del SDDR y el Sistema Integrado de Gestión (SIG), que controla Ecoembes.

Ecologistas aplaude la separación de la materia orgánica para su reciclado, que impulsó el Ayuntamiento de la capital en esta legislatura, pero pide, en cualquier caso, descartar la incineración como método de gestión de residuos porque la combustión emite "sustancias sumamente tóxicas para la salud"y gases de efecto invernadero, entre otros.

Carmena aprobó en 2018 un plan que cerraría la incineradora de Valdemingómez, al sureste de Madrid, en el año 2025. Ecologistas dice que su clausura "debe convertirse en realidad sin más dilaciones".

Paralizar la inminente Operación Chamartín

Ecologistas es uno de los grupos contrarios a la Operación Chamartín, uno de los mayores desarrollos urbanísticos de la zona norte de Madrid –que está entre las más caras de la urbe– y que enfrenta una firme oposición vecinal y de colectivos ecologistas y es objeto de una investigación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Actualmente prevé crear 10.500 viviendas, 2.100 públicas, pero ha sufrido muchas modificaciones desde que se aprobara hace 25 años. Aunque se adjudicó a Unitaria, empresa inmobiliaria del banco público Argentaria, en 1993, aún no ha conseguido arrancar. Desde entonces se han producido sucesivas renovaciones del contrato con importantes cambios en las condiciones, tal y como explica eldiario.es.

El Ejecutivo de Manuela Carmena permitió el año pasado, en desacuerdo con algunos de sus ediles, dar el último paso para desencallar el proyecto. Ecologistas pide“congelar” la operación a no ser que haya un 50% de vivienda social como mínimo y que se cree un consorcio público para el desarrollo de la operación.

La luz verde al proyecto fue una de las causas más determinantes en la división en el Ejecutivo municipal, tanto que algunos de los "ediles díscolos" de Carmena se presentan ahora como rival político ante las elecciones del 26 de mayo con la oposicion a la Operación Chamartín como reclamo. El grupo está liderado por Carlos Sánchez Mato, exresponsable de Economía en el consistorio y uno de los más críticos con el macroporyecto.

Profundizar en dos grandes apuestas

Uno de los grandes temas para los madrileños durante esta legislatura ha sido la "renaturalización" del río Manzanares, que propuso Ecologistas en Acción en 2016. El proyecto ha dado algunas victorias y no pocos quebraderos de cabeza al equipo liderado por Manuela Carmena. La apertura de las compuertas que seccionaban el río para permitir el flujo del agua comenzó en 2016 y tuvo un éxito más rápido de lo esperado en larecuperación de fauna y flora autóctonas. Pero la pérdida de caudal perjudicaba a un grupo de jóvenes de la Federación Madrileña de Remo (FMR), que entrenaban en el agua embalsada.

El proyecto se revirtió temporalmente entre las presas 8 y 9 para asegurar que los remeros mantuvieran su actividad, pero finalmente el consistorio optó por mantener la renaturalización en agosto de 2018 y retiró a la FMR la licencia para entrenar en el río. Ecologistas pide ahora seguir avanzando: eliminar definitivamente las compuertas de las presas, que consideran "innecesarias, antiestéticas y un riesgo en caso de avenidas", y extender el proyecto a todo el tramo urbano del Manzanares, hasta el límite con el muncipio de Getafe.

También piden que el Ayuntamiento ayude a paralizar la privatización del Canal de Isabel II --el consistorio posee el 10% de la empresa pública y está en el Consejo de Administración. Se trata de una reivindicación que mantienen desde hace 5 años una treintena de colectivos, entre los que están PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Equo. Ecologistas pide al futuro gobierno municipal que suscriba el Acuerdo que firmaron estas asociaciones en diciembre de 2018.