“Para las familias queremos hacer un par de anuncios. Por ejemplo, que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar de forma que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar”, lanzó ayer la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el desayuno informativo de Europa Press.
En el turno de preguntas, al ser interrogada sobre qué hacer ante uno de los problemas más evidentes que podría conllevar la decisión –que finalmente el embarazo no llegue a término–, la ‘popular’ no pudo contestar y asumió que no estaba estudiado: “No lo he pensado. No lo tengo claro, creo que no. A la hora de solicitar una plaza evidentemente no, pero a la hora de expedir el título lo sopesaré”.
La propuesta no fue bien recibida entre la oposición, tanto por la idea en sí como por la falta de planificación para una medida anunciada en precampaña electoral. La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, dijo por Twitter que la ‘popular’ “intenta disfrazar de ayuda administrativa su antifeminismo y sus posiciones contra el aborto y la libertad de las mujeres”. “Qué nivel, qué vergüenza y qué miedo”, apostilló.
"No tengo que pedir disculpas por no tener claro qué hacer en cosas tan personales”, se ha defendido este miércoles Ayuso en Espejo Público, alegando que la medida surge de peticiones expresas de familias numerosas y que cuestiones como qué hacer ante la pérdida del feto son “la letra pequeña”."Si el niño fallece, mi última preocupación es cuándo ese padre me va a devolver la ayuda", ha dicho.
En Valencia no se contemplaba la pérdida del bebé
No es la primera vez que el PP echa mano de esta medida. La inclusión del “concebido no nacido” en la unidad familiar está en vigor en Galicia y también fue operativa en la Comunidad Valenciana, dentro de una ley autonómica de maternidad que aprobó el PP en 2009 con mayoría absoluta.
Por entonces era presidente de la Generalitat Francisco Camps, con Juan Cotino como vicepresidente. En 2016, el Tribunal Constitucional avaló la norma, pero Compromís, Podemos y el PSPV la derogaron en 2017. El texto derogatorio consideraba la anterior ley una “discriminación y una tutorización” de las mujeres.
En la Ley de Protección de la Maternidad de Camps figuraba (artículo 21.2): “A los efectos previstos en la presente ley, se computará que la unidad familiar de la que forme parte la mujer embarazada está integrada por uno o más miembros adicionales desde el momento de la fecundación” si se presenta “certificación médica que acredite el embarazo en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda”.
Como se desprende del texto, el punto de partida de la Generalitat para incluir al embrión en la unidad familiar era la propia fecundación. Sin embargo, ni la ley ni el reglamento que la desarrolló, aprobado dos años después, contemplaban el protocolo para aquellos casos en los que el embarazo no llegara a término por cualquier motivo.
Feijóo repite la política en Galicia
También en 2009, el PP recuperó la mayoría absoluta en la Xunta de Galicia tras paréntesis socialista de Emilio Pérez Touriño. El año siguiente, el gobierno gallego aprobó una ley similar a la valenciana, que llega a compartir párrafos enteros con el texto de Camps. En concreto, el precepto que permite la inclusión del concebido no nacido en la unidad familiar está calcado. La ley fijaba como uno de sus objetivos el “derecho a la vida en formación desde la concepción”.
Legalmente, en España "la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno" según expresa el artículo 30 del Código Civil.