Administraciones públicas. Dar más recursos a las Delegaciones del Gobierno, retipificar como delito la convocatoria de referendum ilegal y prohibir el indulto para casos de rebelión y sedición, frenar la cesión de competencias a las CCAA, reducir el sector público empresarial, derogar la Ley de Memoria Histórica y sustiuirla por una Ley de Concordia. Además, fijar el castellano como única lengua obligatoria para acceder a un empleo público, debiendo aprender la cooficial a posteriori.
“Para proteger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución española aplicaremos, por el tiempo que resulte inexcusable, cuantas medidas sean necesarias” es concretamente lo que dice el programa del PP sobre el artículo 155, un párrafo que ya adelantó la número uno del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.
Impuestos. Bajar el tipo máximo del IRPF a menos del 40%, bajar el impuesto de sociedades por debajo del 20%, suprimir el impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, impuestos al turismo, dejar el IBI en el mínimo legal. Bajar el IRPF a quienes continúen trabajando más allá de la edad de jubilación.Impulsar la “colaboración público-privada” en la provisión de los servicios públicos.
Educación. Ampliar la eduación concertada al Bachillerato y la Formación Profesional, garantizar el acceso al profesorado a través de una especie de MIR y realizar “al final de cada etapa educativa” pruebas nacionales para evaluar competencias de aprendizaje, de las que tendrán “efectos académicos, al menos” la que se haga al finalizar Bachillerato. Volver a hacer obligatoria la asignatura de filosofía. Llevar la fibra óptica o 5G a todos los colegios de España. Aprobar un cheque de 1.000 euros a las familias con hijos de 0 a 3 años para gastos en educación en ese tramo de edad.
Sanidad y eutanasia. El programa no incluye ninguna medida sobre eutanasia; lo que promete es “impulsar la utilización del testamento vital como fórmula de manifestación de la voluntad de los pacientes ante una situación terminal” y “extender los cuidados paliativos garantizando la equidad en el acceso, la atención paliativa domiciliaria y los servicios de cuidados paliativos pediátricos”.
También asegura contribuir al “protagonismo activo” de la enfermería en la prevención y la asistencia sanitaria, apoyar al medicamento genérico y a la Organización Nacional de Transplantes, hacer una tarjeta sanitaria y un calendario de vacunación únicos en toda España.
Pensiones. Aproximar el periodo de cálculo a “toda la vida laboral de forma progresiva” para evitar que los años de la crisis afecten a la cuantía de la pensión. En este tema también proponen un Blindaje Fiscal del ahorro para la jubilación que, entre otras cosas, extienda los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro. Una medida que ya adelantó Casado tras la polémica de las declaraciones de Daniel Lacalle.
Familia y discapacidad. Quieren crear una Conferencia Sectorial de la Familia y un Portal de Apoyo a la Maternidad, reformar el Código Penal para abolir la práctica de las esterilizaciones involuntaria de las personas con discapacidad, impulsar un II Plan Nacional de Accesibilidad y el desarrollo normativo de la Lengua de Signos.
Economía. Llegar a una inversión del 2% del PIB en I+D+i al final de la legislatura y aumentar la tarifa plana para autónomos a tres años y extender el descuento a otros colectivos, profundizar en la reforma laboral de 2012. Eliminar las restricciones a vehículos diésel y el ‘Decreto Ábalos’ sobre las licencias de taxi y VTC, unificar en una sola tarjeta los títulos de transporte de todas las ciudades y finalizar “todos” los corredores: Mediterráneo, Noroeste, Norte, de Extremadura y Atlántico/Mediterráneo, Granada y Murcia, y abrir los ede Galicia, la Y Vasca y el de Extremadura.
En cuanto a despoblación, el programa ‘popular’ propone incorporar una “perspectiva rural a la hora de legislar”, una medida ya incluida en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico presentada hace dos semanas por el Gobierno.
Medio ambiente. Comprometerse con el nivel de emisiones que exige la Agenda 2030, levantar las prohibiciones a los vehículos de combustión y abre el camino al reciclaje de materia orgánica por separado.
Cultura. Crear una Fiscalía especializada en la protección de la propiedad intelectual y reforzar el Plan Nacional de Tauromaquia (PENTAURO).
Justicia. Extender los delitos penados con Prisión Permanente Revisable a muertes causadas por incendios, violadores reincidentes, “algunos supuestos” de violencia de género, asesinatos tras secuestro de rehén o aquellos en los que el autor impida la recuperación del cuerpo de la víctima.
Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos por los magistrados. Actualmente, todos los vocales son elegidos por los grupos parlamentarios –este método es preceptivo en al menos 8 vocales, según el artículo 122 de la Constitución. Rebajar la edad de responsabilidad penal y aumentar medidas antiocupación.
Seguridad. Cumplir con las aportaciones presupuestarias para la equiparación salarial de FCSE y continuar con la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida como ley mordaza–.