Los seis Reales Decretos Leyes aprobados por el Consejo de Ministros del Gobierno Socialdemócrata de Pedro Sánchez, fueron convalidados el pasado miércoles en el Congreso por mayoría absoluta. Esto supone una derrota estrepitosa de Casado y Rivera. Pero, además, el PP cae en el ridículo al hablar de nuevo de supuestos acuerdos del Gobierno con Bildu y los secesionistas catalanes, en un desesperado intento de desviar la atención para tapar su posición antisocial ante la ciudadanía. Al igual que su deslealtad e irresponsabilidad con el Estado al rechazar incluso el Decreto Ley sobre el Brexit.
Con la aprobación de los llamados Decretos sociales, el Gobierno cumple su compromiso de afrontar las situaciones de urgente necesidad en materia de protección social y de fomento de políticas que incentiven la creación de empleo y mejoren la calidad del mismo en los casos de colectivos muy vulnerables. Buena parte de estas medidas estaban incluidas en el proyecto de Presupuesto social para 2019 que las derechas, junto a los votos de Bildu, ERC y PDECat, rechazaron el pasado 13 de febrero en un día negro.
Conviene conocer, de manera transparente, la relación de los contenidos de los Decretos Leyes aprobados tras los cambios de posición de diferentes grupos del Congreso, en especial de Ciudadanos que cambian según les dé el aire. Ello ha sido posible por la presión social de la calle y ante la insistencia argumental del PSOE. Veamos la relación:
- Recuperación del subsidio para los desempleados mayores de 52 años -114.000 personas-, un colectivo muy vulnerable por la crisis. Supone mejoras de las condiciones para acceder a la ayuda y a una mayor pensión contributiva tras la jubilación. De aplicación a un total de 379.465 personas.
- Incentivos de bonificaciones a empresas por la contratación indefinida de personas desempleadas de larga duración.
- Equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad dentro de una política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.
- Recuperación de la financiación por el Estado de las cuotas de la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas en situación de Dependencia.
- Regulación del registro de la jornada de trabajo para combatir la precariedad laboral, garantizar el respeto a la jornada máxima, el control por la Inspección de Trabajo de las horas extraordinarias y la cotización real a la Seguridad Social.
- Incremento de las prestaciones por hijos a familias en situación de pobreza y dentro de una política prioritaria de protección contra la pobreza infantil. Afecta a 630.000 niños.
- Incremento de las cuantías mínimas de las Pensiones contributivas en los casos de incapacidad permanente total para personas de menos de 60 años.
- Dotar de un fondo estatal al programa de acogida, integración e inserción de los inmigrantes, en colaboración con Ayuntamientos y CCAA. Una actuación que ya estaba previsto en el rechazado Presupuesto para 2019.
- Medidas administrativas que favorecen la aplicación del Plan de Choque para facilitar el acceso de los jóvenes al empleo (2019-2021), un Plan que profundiza en programas como el de Garantía Juvenil y el de retorno de talento.
- Proteccion a las personas que viven en régimen de alquiler para garantizar su derecho a la vivienda, dando mayor seguridad al inquilino ante un desahucio, creación de un índice estatal de referencia del precio del alquiler y promoción del alquiler mediante incentivos fiscales.
- Nueva regulación del sector de la estiba portuaria, aportando seguridad jurídica, de conformidad con las normas de la UE y de acuerdo con la patronal y los sindicatos. Incluye cambios en la normativa de contratación de trabajadores de la estiba en los Puertos
- Reducción de la cotización a la Seguridad Social para los trabajadores del sector agrario en situación de inactividad, y afectados por las consecuencias que conlleva la subida del SMI. Ayudas de bonificaciones para la conversión de contratos temporales en definitivos en el caso del sistema especial SETA de los trabajadores del campo.
- Mejora a efectos de cotización para los artistas en espectáculos públicos en caso de inactividad.
- Se garantiza el destino del superávit de 2018 de los Ayuntamientos para la financiación de inversiones sostenibles que permitan ofrecer mejores servicios a la ciudadanía y generar empleo.
- Plan de medidas de contingencia, elaborado por el Gobierno, a adoptar para proteger los derechos de la ciudadanía española residente en el Reino Unido y preservar los intereses económicos de las empresas y el interés general de España para el caso de un Brexit sin acuerdo.
En conclusión, el Gobierno y su Presidente no han cedido al acoso de las derechas, mientras que el Parlamento ha sido sensible a situaciones indignas al aprobar un conjunto de importantes medidas de justicia social. Servirán para paliar la desigualdad, la precariedad y las situaciones de exclusión entre la población. Esas medidas beneficiarán a dos millones de hombres y mujeres en España y cuentan con el apoyo de partidas presupuestarias para su aplicación efectiva.
Odón Elorza
Diputado Socialista por Gipuzkoa
San Sebastián, 6 de abril de 2019