La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha dado a conocer en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este viernes las directrices principales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. La estrategia abordará “específicamente” la despoblación, el envejecimiento y la población flotante entre otros problemas demográficos y será una “auténtica estrategia de Estado” que contará con todas las administraciones públicas, ha subrayado Batet.
El proyecto deberá ser aprobado en la próxima Conferencia de Presidentes –el órgano en el que se reúnen los presidentes de todas las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla. El Ejecutivo se comprometió a aprobar estas directrices generales antes de la primavera de 2019.
Incorporar la perspectiva demográfica
Uno de las principales novedades de la estrategia es que su objetivo es incorporar una visión demográfica a las políticas públicas. “Toda la normativa nueva y licitaciones públicas incorporarán el impacto demográfico, como ya pasa con el impacto ambiental o con el impacto de género”, ha destacado la ministra.
Los demás “objetivos transversales” de la Estrategia son: alcanzar la conectividad y banda ancha –un servicio “absolutamente imprescindible” para todas las administraciones públicas, ha dicho Batet–, la prestación de servicios básicos, la simplificación administrativa y normativa, poner en valor la imagen de las personas y el territorio, la colaboración públio-privada y el alineamiento con la Agenda 2030.
Para elaborar estas bases el Ejecutivo ha contado con un informe sobre la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y forestal del medio rural que ha presentado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Esta estrategia pretende “conectar” al mundo rural para reducir la brecha digital, poner a su disposición el uso de datos e impulsar nuevos modelos de negocio como agricultura inteligente y de industria 4.0.
El Ejecutivo aprueba estas bases dos días antes de que tenga lugar en Madrid una manifestación contra la despoblación que reúne las denuncias de los habitantes de zonas despobladas. Convocada por las organizaciones Teruel Existe y Soria ¡Ya! pero apoyada por más de 70 colectivos, se prevé multitudinaria.
Datos clave
La responsable de Política Territorial ha enumerado seis conceptos que definen el reto demográfico para el Gobierno: despoblación, dispersión, envejecimiento de la población, baja natalidad, masculinización y población flotante.
La despoblación es la pérdida de población de los municipios y ha afectado a más del 80% de las localidades en España, ha apuntado Batet, provocando la sobresaturación de grandes ciudades. La densidad de población, que explica la dispersión, afecta a casi la mitad (48,4%) de los municipios españoles, que tienen menos de 12,5 habitantes por km2, una ratio que la UE considera “de riesgo” – la ratio de “riesgo severo” es de 8 habitantes por km2.
España es el tercer país más longevo de la OCDE y el primero de Europa, un dato que, aunque es “positivo”, incide en el envejecimiento de la población, ha señalado la responsable de Política Territorial. La baja natalidad se refleja en España con la cifra de 1,31 hijos por mujer, el segundo valor más bajo de la UE y muy inferior a la media europea (1,61 hijos por mujer).
Además, la Estrategia deberá abordar el problema de la “progresiva masculinización del territorio” – el 75% de los municipios españoles hay “muchísimos” más hombres que mujeres– y de que a España llega mucha población flotante, es decir, aquella que llega a España con carácter estacional por turismo u otras razones. Las comunidades autónomas que más reciben esta afluencia son Islas Canarias, Cataluña, Islas Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.
Para arrancar, el plan contará con un diagnóstico demográfico y territorial –varios mapas–, un estudio comparado sobre “buenas prácticas” internacionales contra el problema, aportaciones de todos los ministerios y unos requisitos de ejecución: ha de cumplirse la Agenda 2030 de la ONU, tiene que haber cooperación con las comunidades autónomas y municipios y debe haber una “búsqueda” de alianza público-privada. Habrá un seguimiento y evaluación del proyecto.